El debate sobre el marco regulatorio del sector pesquero volvió a instalarse luego de que el subsecretario de Pesca, Osvaldo Urrutia, confirmara que el proyecto de nueva Ley General de Pesca impulsado por la administración del Presidente Gabriel Boric no continuará su tramitación ni será reingresado al Congreso. La iniciativa buscaba reemplazar completamente la normativa vigente, pero el Ejecutivo optó por avanzar mediante propuestas acotadas en materias específicas del sector.

La autoridad explicó que el proyecto tenía un carácter “refundacional”, lo que motivó el cambio de estrategia hacia modificaciones parciales. En paralelo, enfatizó que la implementación de la Ley de Fraccionamiento Pesquero seguirá adelante sin retrocesos, pese a los desafíos operativos que aún presenta.

Desde el ámbito empresarial, el gremio Industriales Pesqueros del Biobío valoró la decisión del Gobierno, destacando que otorga mayor certeza jurídica para el desarrollo del sector. Según indicaron, contar con reglas claras es fundamental para fomentar inversiones, fortalecer la competitividad y consolidar a Chile como una potencia pesquera a nivel global, además de contribuir al empleo formal y la sostenibilidad de los recursos marinos.

El sector también resaltó avances en estándares internacionales, señalando que pesquerías como el jurel y la merluza común cuentan con certificación MSC, lo que acredita prácticas responsables y compromiso con la conservación de los ecosistemas. En esa línea, consideraron que la determinación del Ejecutivo ayuda a reducir incertidumbres y permite proyectar el crecimiento de la industria bajo condiciones más estables.

Sin embargo, desde el Senado surgieron posturas divergentes. El senador Iván Flores advirtió que la decisión deja vacíos relevantes, especialmente ante la falta de una ley integral comprometida previamente. El parlamentario llamó al Gobierno a definir con claridad las nuevas iniciativas que abordarán las necesidades tanto de la pesca artesanal como industrial.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Pesca del Senado, Carlos Kuschel, respaldó la decisión del Ejecutivo. Argumentó que la Ley de Fraccionamiento ya resolvió aspectos clave de la discusión y que el estancamiento del proyecto integral por más de dos años había afectado la actividad económica en regiones del sur del país.

El legislador planteó que el foco ahora debe estar en impulsar medidas concretas para reactivar la industria, incluyendo la relocalización de concesiones y otras iniciativas orientadas a incentivar la inversión, particularmente en el ámbito de la acuicultura. (NP-ChatGPT-Emol)