La ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfrenta una compleja crisis institucional tras revelarse su rol directo en el paso a retiro de la prefecta general (r) Consuelo Peña, tercera antigüedad de la Policía de Investigaciones (PDI). El conflicto estalló luego de que trascendiera que la secretaria de Estado exigió la salida de la oficial basándose, presuntamente, en rencillas administrativas que datan de su periodo como fiscal regional de Tarapacá, contradiciendo la versión entregada ante la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, donde atribuyó la decisión exclusivamente al director general de la institución, Eduardo Cerna.
La salida de Peña, quien contaba con una destacada evaluación interna, se habría gestado por la molestia de Steinert ante el desmantelamiento de un equipo policial que investigaba a un clan chino en Iquique, operativo en el que participaba un subprefecto cercano a la actual ministra. Pese a que Steinert negó públicamente tener “rencillas” con la exoficial, registros indican que apenas asumido su cargo envió oficios pidiendo explicaciones por traslados de personal realizados por Peña. Esta discrepancia ha generado un profundo malestar en las filas de la PDI, que interpretan la medida como una intervención política por motivos personales.
CITA CLAVE Y ESCENARIO EN EL CONGRESO
En un intento por normalizar las relaciones, la ministra Steinert y el director Cerna sostuvieron una reunión de 25 minutos este miércoles para coordinar operativos de control migratorio de cara al 29 de marzo. Aunque el encuentro fue calificado como “conciso” y no abordó directamente el impasse por la salida de Peña, la tensión persiste. El director general de la PDI se encuentra en una posición delicada, debiendo comparecer ante el Congreso el próximo 6 de abril, donde deberá decidir entre respaldar la versión de la ministra o confirmar la presión ejercida para la remoción de la prefecta.
Mientras el jefe de la policía civil espera una audiencia con el Presidente José Antonio Kast para entregar su versión de los hechos, el mundo político observa con atención el impacto de esta “grieta” en la gestión de seguridad ciudadana. La controversia pone en entredicho la transparencia en la alta dirección de las fuerzas de orden y seguridad, justo en un momento donde la coordinación entre el Ejecutivo y las policías resulta crítica para la agenda de control territorial y migratorio del gobierno de emergencia. (NP-Gemini-La Tercera)