El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la grave agresión con bencina que sufrieron tres profesoras del Instituto Nacional el pasado viernes, en medio de incidentes en el establecimiento. El secretario de Estado fue enfático en señalar que el uso de bombas incendiarias y los atentados contra docentes «dejan de ser un asunto de convivencia escolar» para transformarse en «esencialmente delito, es pura delincuencia».
El ministro Cordero manifestó que la situación actual en los establecimientos emblemáticos es «completamente anormal», considerando inadmisible que deba existir una unidad de Control de Orden Público de Carabineros esperando permanentemente que sujetos al interior de los recintos salgan a lanzar bombas molotov. Cordero precisó que estas comunidades escolares viven «intimidadas» por un perfil de sujetos «antisistema» que, aunque no representan a toda la comunidad, tienen una capacidad «muy disruptiva, muy corrosiva» que atenta contra docentes y compañeros.
El titular de Seguridad Pública reveló que la organización de estos hechos de violencia está «amparada por la intervención de adultos», no solo funcionando exclusivamente organizados por menores.
PERFIL DE LOS ADULTOS COLABORADORES
El ministro describió tres perfiles de adultos que colaboran en la organización de estos desórdenes:
- SON APODERADOS O EX APODERADOS DEL ESTABLECIMIENTO.
- SON EGRESADOS DE DICHOS ESTABLECIMIENTOS.
- FUNCIONAN EN UNA RELATIVA RED, CON CAPACIDAD DE MOVILIZARSE ENTRE DISTINTOS COLEGIOS.
Cordero señaló que la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte, liderada por Xavier Armendáriz, lleva adelante una indagatoria para pesquisar a estos adultos, pero lamentó que una de las principales restricciones para la persecución penal son los testimonios de testigos, quienes habitualmente son amedrentados y no participan de las diligencias. Por ello, la clave es dar garantías de protección a quienes presten testimonio.
Respecto a la aplicación de la ley Aula Segura, el secretario de Estado afirmó que los hechos de violencia son tan graves que, incluso sin esa normativa, justificarían la expulsión de los involucrados. No obstante, advirtió que algunos de estos estudiantes expulsados se «mueven a otro» establecimiento y «siguen gestionando desórdenes».
CRÍTICAS DEL ALCALDE Y DE LA SOCIEDAD CIVIL
El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, coincidió en que existe una «estructura, que hay una logística, que hay adultos que financian, que adoctrinan» a los menores. Desbordes vinculó a un puñado de estos adultos con organizaciones de extrema izquierda, como el Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER) o el Movimiento Juvenil Lautaro. Aseguró que estos grupos se han instalado en los cinco establecimientos emblemáticos para paralizar actividades, generar violencia y llamar la atención.
Por su parte, María Teresa Romero, directora de la fundación Escuelas Abiertas, cuestionó al ministro de Educación, Nicolás Cataldo, quien declaró que su cartera «no tiene competencias legales» en estos casos. Romero calificó la agresión a las profesoras como gravísima y sostuvo que el Mineduc sí tiene el «deber de coordinar y activar las redes necesarias para resguardar a las comunidades». La directora puntualizó que los directores carecen de atribuciones para revisar mochilas o desvincular de inmediato a estudiantes que cometen actos tan graves, pidiendo «medidas urgentes, liderazgo y atribuciones reales» para evitar la repetición de estos incidentes. (NP-Gemini-Emol)
