Una investigación de la Unidad de Investigación de BioBioChile concluyó que el Estado obtendría ingresos proyectados por $2,67 billones mediante los contratos de segundas concesiones de cinco autopistas interurbanas, gracias a mecanismos incorporados en las nuevas licitaciones que mantienen el valor de los peajes y destinan parte de esa recaudación a las arcas fiscales.

El análisis sostiene que, pese a que existía la expectativa de que las tarifas disminuyeran una vez finalizadas las primeras concesiones de las carreteras, ello no ocurrió. En cambio, los nuevos contratos incorporaron cláusulas de compartición de ingresos, pagos por infraestructura preexistente y cobros por bienes o derechos, mecanismos aprobados durante las administraciones de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.

Según la investigación, la compartición de ingresos permite que el Estado reciba un porcentaje de la recaudación de los peajes en las rutas 5, 68 y 78, generando ingresos estimados en $76 mil millones anuales mientras los contratos permanezcan vigentes. Solo por este concepto, el Fisco recaudaría cerca de $1,63 billones durante la duración de las concesiones analizadas.

El reportaje también explica que algunos contratos obligan a las concesionarias a pagar por utilizar infraestructura construida durante las primeras concesiones, además de efectuar desembolsos por los derechos asociados a la explotación de las rutas. Estos mecanismos prolongan la duración de los contratos y aumentan los ingresos fiscales, aunque las tarifas para los usuarios se mantienen.

La investigación señala que, en algunos casos, una parte importante del valor pagado por los automovilistas termina en las arcas del Estado. En el tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, por ejemplo, se estima que cerca del 46% de la recaudación proyectada corresponde a distintos pagos comprometidos con el Fisco.

El análisis recuerda que el debate sobre utilizar las concesiones con fines recaudatorios surgió durante las reformas a la Ley de Concesiones en la década de 1990. Mientras algunos parlamentarios defendían que una mayor rentabilidad debía traducirse en rebajas tarifarias para los usuarios, otros planteaban mantener los valores para financiar nuevas obras de infraestructura mediante subsidios cruzados.

La publicación también aborda las dificultades que enfrenta la concesionaria Survías Maule Ñuble, controlada por la empresa estatal china CRCC International Investment, la que mantiene una demanda arbitral para dejar sin efecto pagos comprometidos por infraestructura preexistente y bienes o derechos, cuyo monto supera los $557 mil millones. Paralelamente, la compañía acumula pérdidas, multas y reclamaciones por mayores costos de construcción.

Finalmente, la investigación sostiene que los recursos obtenidos mediante estos mecanismos deberían destinarse al financiamiento de nuevas obras concesionadas, aunque advierte que organismos públicos consultados reconocieron no disponer de información consolidada sobre la recaudación específica proveniente de los peajes de cada concesión. (NP-ChatGPT-Bio Bio)