Valoramos que alcaldes de distintas corrientes políticas contribuyan al debate sobre la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, compartiendo con ellos un punto esencial: el Estado debe fortalecer la prevención, la reinserción social y todas aquellas políticas destinadas a evitar que niños y jóvenes terminen capturados por la delincuencia y el crimen organizado.
Sin embargo, existe una contradicción en sostener que las víctimas requieren sanciones proporcionales al daño causado, pero al mismo tiempo descartar que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser sancionados como adultos cuando cometen delitos de extrema gravedad. Hoy, frente a un homicidio, una violación o un secuestro, la respuesta penal es considerablemente inferior únicamente por la edad del autor, incluso cuando tiene plena conciencia de sus actos, es reincidente o presenta una trayectoria delictual consolidada.
Nuestra propuesta tampoco consiste, como se plantea, en “tratar a los jóvenes como adultos” de manera generalizada. Se trata de una regla excepcional, circunscrita a los mayores de 16 años responsables de delitos especialmente graves, porque no parece razonable que quien comete reiteradamente crímenes de esa naturaleza reciba el mismo enfoque penal que un adolescente primerizo involucrado en un delito de menor entidad.
La reinserción debe seguir siendo un objetivo central del sistema y contar con mejores herramientas, especialmente frente a quienes tienen posibilidades reales de abandonar una trayectoria delictiva. Pero la reinserción no puede transformarse en sinónimo de impunidad ni impedir una respuesta más severa frente a reincidentes que cometen delitos violentos.
Hay, además, un fenómeno que no puede quedar fuera de esta discusión: las organizaciones criminales conocen las diferencias entre ambos regímenes y son precisamente ellas las que hoy facilitan el reclutamiento de adolescentes, al enfrentar consecuencias penales menores. (El Mercurio Cartas)
Flor Weisse
Sergio Bobadilla
Jefa y subjefe Bancada Diputados UDI