El Gobierno no ha logrado contener la tensión ni las recriminaciones cruzadas en torno a la ley de fraccionamiento pesquero, que volverá a ser discutida en la comisión mixta durante junio.
La molestia entre parlamentarios oficialistas y de oposición se agudizó tras un error del subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien presentó datos desactualizados ante la comisión del Congreso respecto a la captura industrial de merluza común.
El conflicto se intensificó luego de que la empresa PacificBlu —con sede en la Región del Biobío— anunciara que podría cerrar sus operaciones hacia 2026, si se mantiene la cuota aprobada por la comisión, que reduce la participación industrial de 60% a 48% y deja en 52% la correspondiente al sector artesanal.
Ayer, ante los legisladores, el subsecretario Julio Salas reconoció la equivocación y afirmó que «lejos de haber mala fe en esta materia, esto es claramente un error de forma y no le corresponde a otra autoridad asumir responsabilidad en esta materia sino a mí como subsecretario de Pesca».
Sin embargo, esto no logró calmar los ánimos, y la comisión resolvió —con los votos en contra de parlamentarios del PS, PC y FA y el respaldo del senador socialista Fidel Espinoza— dividir la votación del proyecto, dejando por separado la cuota de la merluza.
Esto implica el riesgo de que el guarismo no resulte como esperaba el oficialismo cuando sea sometido a votación en ambas cámaras.
PRESIONES POR RENUNCIA Y DENUNCIA JUDICIAL
Pese a que desde distintos sectores políticos se ha solicitado su renuncia, Salas aseguró que «los cargos de las autoridades políticas están siempre a disposición de la máxima autoridad de Gobierno, y a lo que nos hemos abocado es a resolver un problema de fondo».
Además, precisó que «esto no es un error de la división técnica, es un error que se produce en el equipo de mi gabinete y la responsabilidad respecto de esto la he asumido ya directamente en la comisión. Este es un error técnico de falta de actualización de una información que ocurrió en mi gabinete, que yo reproduje, y asumo mi responsabilidad de esa falsa información».
Pese a que Salas admitió su responsabilidad en la entrega de información errónea, durante este jornada se conoció que el Juzgado de Garantía de Valparaíso acogió a trámite una denuncia en su contra por el delito de falsificación de instrumento público.
La acción fue presentada por el abogado Raimundo Palamara, militante del Partido Republicano.
En el escrito, Palamara argumenta que «considerando el contexto, la calidad de la autoridad interviniendo, y el uso institucional del documento, resulta verosímil que el denunciado haya incurrido dolosamente en la alteración de la verdad en un documento público, afectando la fe pública y el correcto funcionamiento del sistema democrático«. (Emol)
