La renuncia de José Antonio Kast a la UDI plantea diversos temas importantes para la dinámica política chilena. El diputado realiza críticas a su ex partido que incluyen, hasta donde se logra percibir, lo que él considera una ausencia de condena suficiente del financiamiento ilegal recibido por la UDI. Esto se graficaría en la permanencia de Jovino Novoa -confeso ante la justicia de recibir del grupo Penta aportes ilegales a campañas que incluyeron delitos tributarios- en la presidencia de la Fundación Jaime Guzmán. Si esta crítica se confirmara, sería una actitud digna de saludarse, pues el futuro del sistema político chileno se juega de manera esencial en el fin de la captura de la acción pública por el poder económico, como la que hemos constatado con creciente consternación con el royalty minero, la explotación del litio, la ley de pesca, la reforma tributaria y otras cocinas parlamentarias.
Si desde el mundo de la UDI, actor directo de este sistema de puerta giratoria de colusión de intereses, emergen críticas serias, bienvenidas sean. Todo suma para avanzar en el saneamiento democrático, que va haciendo su camino.
Pero, además, la renuncia de Kast parece ser una protesta por la progresiva inclinación de la UDI hacia la candidatura de Sebastián Piñera en la elección presidencial del año próximo. Esta inclinación es la continuidad de la línea pragmática de ocupación de espacios de poder antes que de la mera defensa del régimen de Pinochet y de las ideas y acción de Jaime Guzmán que constituyen la identidad fundacional de la UDI. Si la UDI se suma otra vez a Piñera, se acaban las posibilidades del propio Kast -o de alguien que como él reivindique la mantención sin modificaciones de la Constitución de 1980 y su sistema de candados contra la voluntad ciudadana y las mayorías parlamentarias en nombre de la idea guzmaniana de la democracia protegida, la negativa al matrimonio igualitario o al aborto por cualquier causal en nombre de convicciones religiosas particulares, la mercantilización extrema de la educación, la salud y las pensiones en nombre de la libertad económica- para ser candidato presidencial, al menos en unas primarias de la derecha.
Pero se puede presumir que hay en la renuncia de Kast un auténtico rechazo a lo que Sebastián Piñera representa en materia de posturas relativamente más liberales en temas culturales y, tal vez sobre todo, en materia de conflicto de intereses. Y es que Sebastián Piñera no sólo tiene intereses económicos personales en múltiples sectores de la economía nacional, sino que además ejerce su influencia sin demasiadas consideraciones con la ley. Ya fue sancionado antes de ser presidente por una superintendencia por ganar dinero en operaciones bursátiles utilizando información privilegiada en desmedro del resto de accionistas, sino que la justicia lo investiga ahora por un hecho insólito: haber solicitado aportes ilegales de campaña a empresas, lo que desde ya es condenable, y además haberlos utilizado para pagar a empleados de empresas suyas, lo que seguramente no cayó muy bien a las empresas aportantes.
Tal vez Kast piensa, como muchos ciudadanos, que es imprescindible que nunca más veamos a altos funcionarios y a parlamentarios transformados en empleados a sueldo de grandes empresas en el ejercicio de sus cargos públicos, como también a ministros que vienen de los mayores grupos económicos o que luego son contratados sin tapujos por ellos.
Lo que Kast parece creer, en todo caso, es que volver a apoyar a Piñera es un abandono de los principios fundacionales de la UDI, lo que ha justificado su renuncia y lo llevará a impulsar una campaña presidencial propia. Como se observa, nos esperan debates agitados en la derecha.
