El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, abordó esta mañana la polémica en torno a las rentas vitalicias. Esto, luego de que la Asociación de Aseguradores de Estados Unidos advirtiera ayer sobre los riesgos que crearía para los inversionistas extranjeros en Chile la medida que permite un anticipo a las personas bajo esa modalidad de pensión.
«Las acciones del Congreso podrían hacer que muchos en la comunidad inversora global reevalúen a Chile como un destino de inversión«, aseguró Brad Smith, gerente internacional del Consejo Estadounidense de Aseguradoras de Vida (ACLI, por sus siglas en inglés).
«A esta preocupación se suma el hecho de que el Congreso chileno continúa considerando nuestras propuestas legislativas en el sector de pensiones y seguros que violarían aún más los derechos legales de los inversionistas, provocarían una mayor expropiación de activos privados y seguirían socavando la integridad del sistema de pensiones del país, y al mercado de capitales respaldado por las pensiones», agregó.
Los anticipos que están pagando las compañías de seguros se hacen en base a recursos que pertenecen a las propias aseguradoras, lo que les genera un impacto en su patrimonio.
Por ello, Smith manifestó que «han colocado a las aseguradoras en la lamentable posición de tener que investigar todas las opciones legales disponibles para asegurar la protección de sus derechos legales de la expropiación ilegal del Gobierno. Respecto a esta controversia, Sutil comentó que «nosotros (la CPC) lo vemos como una situación compleja, y quizás grave».
Lo anterior ya que, «si bien es cierto la renta vitalicia es una obligación de la aseguradora que adquiere con la persona que toma ese seguro de poderle cumplir y pagar siempre, en este caso se está de alguna forma alterado esa obligación que tiene la aseguradora, como también ese derecho que adquiere, en este caso el derecho de propiedad, para administrar esos recursos», dijo.
«En ese sentido, yo veo con preocupación que las compañías aseguradoras, muchas de ellas multinacionales que vienen de España, Estado Unidos y otros, probablemente van a recurrir a los tributables internacionales, porque se les estarían violando sus derechos en esa materia», concluyó. (Emol)
