“Del análisis de los hechos acreditados durante esta investigación se desprende que las acciones fueron realizadas por María Constanza Izurieta Fornazzari y Andrés Iturra Herrera, privilegiando sus intereses particulares, familiares y personales por sobre la debida atención al grave riesgo que sus conductas implicaban para la eficacia del sistema de justicia criminal en relación al cumplimiento de las resoluciones judiciales, ni el eventual compromiso que pudieran generar a las funciones que a la sazón desempeñaban y por cierto al prestigio del Ministerio Público”.
Este es un extracto de la resolución de 19 páginas, a la que accedió La Tercera PM, y que remueve a los fiscales de la zona Oriente María Constanza Izurieta y su esposo el exjefe de la Fiscalía Local de Las Condes Andrés Iturra. La primera es hija del excomandante en jefe del Ejército Óscar Izurieta, quien fue procesado por la ministra en visita Romy Rutherford por una millonaria malversación de caudales públicos. En el marco de las diligencias es que la jueza descubrió que ambos fiscales habían participado de un procedimiento en la justicia civil en que el retirado militar se desprendió de los cuatro inmuebles que adquirió durante su carrera, impidiendo entonces poder embargarlos para así asegurar que de ser condenado, estos bienes vuelvan al erario estatal.
Los fiscales ya fueron notificados de su remoción, que es la sanción más grave que contempla el estatuto administrativo del Ministerio Público y que se aplicó por las graves faltas a la probidad acreditadas por el sumariante, Miguel Ángel Orellana, y que fueron ratificadas por el jefe regional (s) Felipe Sepúlveda. Este último actuó como ejecutor del castigo -que aún es apelable ante la Fiscalía Nacional-, ya que la titular de la Fiscalía Regional Oriente Lorena Parra se inhabilitó por su estrecha amistad con los indagados.
“Sin perjuicio de la particular gravedad de las conductas ejecutadas por los inculpados hay que considerar además otro pernicioso efecto del que nos advierte el investigador, cual es que la profusa difusión en los medios de prensa de los hechos indagados lesionó de forma severa la imagen institucional, dado que estos actos privados de los investigados han sido utilizados para desvalorar a la institución en su conjunto, generándose una injustificada sensación de corrupción generalizada al interior del Ministerio Público”, se lee en otro extracto de la resolución.
El sumario establece que pese a que ambos fiscales sabían que Óscar Izurieta era investigado en el denominado caso “Milico-Gate”, de igual forma realizaron acciones que podrían ser constitutivas de lavado de activos. Por tal motivo, existe también vigente una indagatoria en contra del ex militar y los ahora ex fiscales por ese ilícito que está a cargo de la fiscal regional de Los Lagos Carmen Gloria Wittwer.
La historia que lleva a la debacle a ambos investigadores se remonta al 5 de marzo de 2021 cuando el fiscal Iturra declaró como testigo ante el 27 Juzgado Civil de Santiago que conocía la situación patrimonial de su suegro y que sin lugar a dudas poseía solvencia económica que le permitía realizar la donación en vida de cuatro inmuebles a sus dos hijas. En esa misma instancia dijo entender que el patrimonio de Izurieta era de $1.800 millones y que, por tanto, la cesión de derechos sobre esos departamentos y casas no afectaría a sus haberes.
A consecuencia de los actos descritos, se lee en el sumario, la jueza Rutherford no pudo embargar los bienes inmuebles donados a su familia por el retirado militar. A los actos reñidos con la probidad, que son prohibidos a fiscales, se suman sanciones por “conflicto de interés” en la función pública que ambos desempeñaban al momento de los hechos con el propio interés particular de ambos.
Pese a que en sus descargos, los investigadores aseguraron que las donaciones no respondían a maniobras de ocultamiento de bienes, sino que era por una serie de enfermedades que afectaban a Izurieta “lo que lo hizo temer por su vida”, para los sumariantes resultó “inverosímil” lo planteado por los fiscales en el sentido que no “hayan tenido conocimiento de la existencia de diversos procesos judiciales del orden criminal en que el padre y suegro, respectivamente, Óscar Izurieta Ferrer tenía pendientes a la fecha de los hechos objeto de la presente investigación administrativa”. Esto último porque desde el año 2019 ya se informaba sobre la arista “gastos reservados” que involucra a todos los excomandante en jefe del Ejército vivos.
“Para cualquier persona medianamente informada del acontecer nacional había claridad que el ex jefe militar Óscar Izurieta Ferrer estaba siendo investigado penalmente con bastante anterioridad al trámite de insinuación de la donación para sus familiares y núcleo más cercano (…) los inculpados tuvieron una participación principal en una serie de actos concatenados que tuvieron como consecuencia que Óscar Izurieta se desprendiera del dominio de todos los inmuebles de su propiedad”. Asimismo, se advierte que “no se debe minimizar el rol de Andrés Iturra” que -según se plantea- cayó en contradicción, ya que mientras en sede civil expuso que su suegro tenía solvencia económica, luego en el sumario sostuvo desconocer la situación patrimonial de su pariente político.
Finalmente, el sumario junto con expulsar a ambos fiscales -que permanecieron casi ocho meses suspendidos de sus funciones y gozando de sus sueldos-, determinó que “la donación que hizo Óscar Izurieta de sus bienes raíces a sus hijas no tiene justificación económica, ya que pese a haberse desprendido del dominio de aquellos, siguió comportándose como dueño de éstos, ejerciendo atributos dominicales, puesto que seguía administrando y percibiendo los arriendos de dichas propiedades”.
Ahora a Izurieta e Iturra sólo les resta una última carta: que el fiscal nacional (s) o el que sea electo en las próximas semanas les “perdone la vida” y rebaje su sanción para poder continuar en la institución. (La Tercera)
