El Ejecutivo presentó finalmente el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional ante el Congreso, luego de varios días marcados por la incertidumbre respecto de los apoyos necesarios para iniciar su tramitación. La iniciativa, originalmente programada para ser ingresada durante la primera semana de abril por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, fue postergada con el fin de priorizar otras propuestas legislativas y evitar una sobrecarga en la agenda parlamentaria.
La decisión de aplazar el ingreso respondió a una estrategia liderada por los ministros Claudio Alvarado y José García Ruminot, quienes optaron por dar espacio a un trabajo prelegislativo más amplio. En ese contexto, el titular de la Segpres asumió un rol clave al encabezar conversaciones con diversas fuerzas políticas, incluyendo partidos oficialistas y sectores de oposición, con el objetivo de asegurar viabilidad al proyecto.
Las gestiones del ministro García Ruminot resultaron determinantes en el acercamiento con el Partido de la Gente (PDG), colectividad que finalmente comprometió su respaldo a la idea de legislar tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno. Este entendimiento incorporó el denominado “Plan alivio clase media”, propuesta impulsada por dicho partido. Desde sus filas, la diputada Pamela Jiles valoró el papel del ministro en las բանակցaciones, destacando su persistencia y capacidad de diálogo.
La experiencia política de García Ruminot, quien fue diputado y senador durante varios periodos, ha sido destacada como un factor relevante en su desempeño. Desde Renovación Nacional, la senadora Andrea Balladares resaltó su capacidad para construir mayorías en un Congreso fragmentado, subrayando que su labor ha sido reconocida transversalmente por distintas fuerzas políticas.
El despliegue del ministro también ha sido clave en otras iniciativas del Ejecutivo, como el proyecto destinado a mitigar el alza de los combustibles. En ese proceso, junto al ministro del Interior, lideró negociaciones tanto al interior del oficialismo como con sectores opositores, logrando alinear posiciones y evitar divisiones en votaciones estratégicas.
Durante la tramitación de dicha iniciativa, el Gobierno enfrentó tensiones especialmente en torno al tratamiento tributario del diésel. Aunque inicialmente mostró resistencia a modificar la propuesta, finalmente accedió a excluir a las pequeñas y medianas empresas, lo que permitió destrabar el debate legislativo. Con estos ajustes, el Ejecutivo consiguió reunir los apoyos necesarios en la Cámara y avanzar en su aprobación antes de la entrada en vigencia del alza de los combustibles. (NP-ChatGPT-Emol)