Reiteradamente, el gobierno ha declarado como prioridad la simplificación burocrática y la agilización de los trámites necesarios para materializar inversiones. Ha promovido reducir plazos y eliminar trabas y, en esa línea, impulsó la reciente ley de permisos sectoriales. Sin embargo, el proyecto de ley sobre patrimonio cultural, actualmente en segundo trámite en el Senado, colisiona frontalmente con este propósito.
Lejos de modernizar y racionalizar la institucionalidad, esta propuesta introduce una arquitectura regulatoria compleja y costosa. Aumenta la carga administrativa a quienes desarrollan iniciativas económicas y amplía los márgenes de interpretación. Crea nuevas categorías o conceptos como “paisajes culturales”, “espacios inherentes al patrimonio cultural inmaterial” o “sitios de significación cultural”, con definiciones vagas y sin delimitación territorial técnica. Estas figuras impactarán el uso del suelo, introduciendo incertidumbre jurídica en etapas tempranas del desarrollo productivo. En la práctica, inversiones estratégicas pueden ver comprometida su viabilidad por criterios cambiantes o decisiones adoptadas sin parámetros objetivos.
A ello se suma un grave vacío: la ausencia de integración explícita de esta nueva normativa con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este desajuste puede provocar superposición de competencias, duplicidad de procedimientos y sanciones paralelas aplicadas por distintas autoridades -ambientales, patrimoniales e incluso penales- a un mismo hecho. El resultado previsible es que aumenten los tiempos de tramitación, los costos de cumplimiento y la falta de certezas que desincentiva la inversión, especialmente en sectores como infraestructura, energía o minería.
También son preocupantes los espacios de discrecionalidad e instrumentalización política que se abren. Establece nuevos protocolos de participación indígena y medidas provisionales sin control judicial previo. Entre estas, la posibilidad de paralizar obras a solicitud de terceros que no necesitan acreditar interés legítimo. Sin filtros adecuados, este mecanismo puede transformarse en una herramienta para frenar proyectos económicos por razones ajenas al resguardo cultural, generando incentivos perversos para presiones políticas o negociaciones indebidas.
La ausencia de mecanismos efectivos para prevenir estos abusos erosiona principios esenciales de un Estado de Derecho, como la legalidad y la proporcionalidad en el ejercicio de las potestades administrativas. La experiencia comparada muestra que, cuando los marcos regulatorios carecen de límites claros y contrapesos efectivos, las decisiones tienden a ser más erráticas, menos técnicas y más susceptibles a interferencias coyunturales.
Si el gobierno realmente aspira a estimular la inversión y recuperar el dinamismo económico, este proyecto de ley no avanza en la dirección correcta. Convertirá el patrimonio cultural en una trinchera burocrática desde la cual obstaculizar o encarecer iniciativas productivas, mediante un laberinto regulatorio que contradice las prioridades declaradas por el Ejecutivo. En un contexto de bajo crecimiento y alta competencia internacional por atraer capitales, el país no puede permitirse esta incoherencia.
No se trata de oponerse a una legislación de conservación patrimonial moderna y eficaz. Por el contrario, Chile necesita un marco que resguarde su riqueza cultural sin sacrificar la viabilidad del desarrollo económico. Pero esta norma, tal como está concebida, no logra ese equilibrio, pues instala más inseguridad jurídica, amplía facultades poco definidas y profundiza la ineficiencia regulatoria.
Si el gobierno quiere ser consistente con su promesa de reducir trabas y plazos, debe revisar en profundidad esta propuesta de ley. Hay que plantear ajustes sustantivos para garantizar criterios técnicos claros, integración efectiva con el SEIA y mecanismos que eviten la paralización arbitraria de inversiones. De lo contrario, estará reforzando las mismas barreras que dice querer derribar y, de paso, debilitando la confianza de quienes apuestan por invertir en Chile. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada
