Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional (BCN) concluyó que no existen, en términos generales, mecanismos equivalentes al Registro Nacional de Actos Vandálicos e Incivilidades impulsado por el gobierno del Presidente José Antonio Kast, particularmente en lo referido a utilizar la restricción de beneficios sociales como consecuencia de la incorporación de una persona a este tipo de registro.

La iniciativa se encuentra en su primer trámite constitucional y fue ingresada a la Cámara de Diputadas y Diputados el pasado 12 de junio. El proyecto contempla incorporar a personas condenadas o sancionadas por un catálogo de 33 conductas, estableciendo como consecuencia restricciones para acceder a determinados beneficios sociales, entre ellos la gratuidad y la Pensión Garantizada Universal (PGU).

La propuesta, elaborada por los ministerios del Interior y de Seguridad, fue aprobada en general el 10 de agosto por la Comisión de Seguridad de la Cámara, con ocho votos a favor y cinco en contra. Actualmente se encuentra en la etapa destinada a la presentación de indicaciones.

En medio de su tramitación, la comisión solicitó a la BCN un estudio de derecho comparado para determinar si existen experiencias internacionales similares. El análisis consideró especialmente las legislaciones de Estados Unidos, España y Reino Unido.

De acuerdo con el documento, en esos países existen registros específicos asociados a determinadas condenas o sanciones, pero sus efectos están orientados principalmente a impedir el ingreso a determinados lugares, establecer prohibiciones de acercamiento o restringir el ejercicio de ciertas profesiones, funciones u oficios. El informe no identificó sistemas que, como plantea la iniciativa chilena, vinculen de manera general la inscripción en un registro con la imposibilidad de acceder a un conjunto de prestaciones sociales.

Entre los casos revisados figura el sistema de Órdenes de Conducta Delictiva de Reino Unido, mediante el cual los tribunales pueden establecer restricciones para que personas condenadas no se aproximen a determinados individuos o zonas.

Otro antecedente analizado corresponde al Registro Central de Infracciones contra la Seguridad Ciudadana de España, que incorpora a personas sancionadas por unas 40 conductas, incluidas algunas incivilidades. Sin embargo, su finalidad es determinar eventuales reincidencias y no restringir el acceso a beneficios sociales. Las infracciones contempladas pueden derivar en multas que van desde los 100 hasta los 600 mil euros.

La BCN también examinó las normas sobre pérdida o suspensión de prestaciones sociales en los tres países. El estudio constató que existen situaciones en las que determinados beneficios son suspendidos como consecuencia directa de una condena o sanción, pero no por el hecho de integrar un registro.

En Reino Unido, España y Estados Unidos existen restricciones a ciertas prestaciones para personas privadas de libertad durante el período de cumplimiento de sus condenas. El fundamento, según el análisis, es que algunas de esas necesidades son cubiertas mientras permanecen recluidas. Estas medidas, además, no se extienden necesariamente al grupo familiar del condenado.

En Estados Unidos, el informe identificó disposiciones federales relacionadas con la suspensión de determinados beneficios para personas condenadas por delitos vinculados con drogas, cuya aplicación puede variar según la legislación de cada estado. Las restricciones pueden alcanzar programas de asistencia alimentaria y otras ayudas temporales, aunque sin extender la sanción al resto del núcleo familiar.

El estudio también recoge casos de restricciones previsionales para exfuncionarios públicos condenados por delitos como fraude, corrupción o malversación. En Estados Unidos existen mecanismos que permiten afectar parte de sus pensiones, mientras que en Reino Unido pueden aplicarse medidas similares considerando la gravedad del perjuicio causado al interés público.

La legislación británica contempla además restricciones para acceder a determinados subsidios habitacionales cuando una persona ha cometido conductas antisociales relacionadas con una vivienda social.

Los antecedentes recopilados por la BCN quedaron a disposición de la Cámara y serán considerados durante la discusión de las indicaciones al proyecto. El Ejecutivo ha manifestado disposición a introducir modificaciones a la iniciativa durante su tramitación, en medio de inquietudes respecto de eventuales cuestionamientos de constitucionalidad que podrían afectar su redacción actual. (NP-ChatGPT-La Tercera)