A medida que se inicia el último tramo de la administración Boric, emergen los análisis en torno a lo que, por convención política, suele denominarse “legado”. La tentación de sintetizar en una fórmula la impronta de un mandato adquiere particular complejidad en este caso, dada la naturaleza contradictoria del actual gobierno. La pregunta sobre qué quedará como enseñanza para su coalición, la clase política y el próximo gobierno, exige una reflexión más profunda que la simple distinción entre aciertos y desaciertos. Se trata de comprender los vectores ideológicos, los mecanismos de poder y las estrategias políticas que han marcado a esta administración. El gobierno de Boric constituye un caso paradigmático de desajuste entre el discurso y la acción gubernamental concreta.
Uno de los elementos más discutidos ha sido el aparente giro hacia la moderación del presidente, expresado en la inclusión de figuras de la ex Concertación en su gabinete y en la búsqueda de acuerdos para la reforma previsional, por ejemplo. No obstante, esta supuesta moderación responde menos a una convicción que a una necesidad táctica impuesta por la realidad electoral: la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre de 2022 significó la suspensión -no la renuncia- del proyecto refundacional. Su fracaso no supuso un cambio de rumbo, sino solo una pausa, pues el programa de gobierno y la propuesta constitucional estaban imbricados de una manera tal que se identificaban, como si uno y otra fueran reflejos de un espejo.
La evidencia es contundente: basta observar el discurso de los candidatos oficialistas en la actual campaña de primarias. La representante del Partido Comunista ha declarado abiertamente su intención de eliminar las AFP, y el diputado Gonzalo Winter, más cuidadoso en las formas, ha planteado ideas que erosionan el actual sistema. Lejos de haberse extinguido, el afán refundacional se encuentra agazapado a la espera de condiciones más favorables.
En otras áreas, la inconsistencia del gobierno ha sido igualmente notoria. Frente a la aguda crisis de seguridad, La Moneda ha adoptado un discurso pro Carabineros, mientras que su coalición parlamentaria ha impulsado, en paralelo, iniciativas que restringen el accionar policial. Tal contradicción revela no solo una falta de coordinación, sino una disonancia entre la necesidad de responder a la demanda ciudadana por orden público y la persistencia de prejuicios ideológicos que obstaculizan respuestas eficaces.
En el ámbito económico, por su parte, ha prevalecido una retórica ambivalente. Mientras se proclamaba un gabinete “pro crecimiento”, las instancias reguladoras seguían actuando ideológicamente para bloquear iniciativas de inversión. Esta actitud, lejos de reflejar un ánimo de reactivar la economía, se inscribe en una lógica estatista que aún predomina en sectores influyentes de la coalición. Las propuestas de volver a una “estrategia nacional de desarrollo” y de “reformular el modelo productivo”, surgidas en la campaña de primarias, no son sino una expresión renovada del intervencionismo económico que ha mostrado ser ineficiente y que profundizaría el fenómeno de la sobrerregulación -eufemísticamente llamada “permisología”- que sofoca la inversión privada.
Tampoco ha prosperado la prometida reforma al sistema político. La propuesta impulsada por el Ejecutivo permanece estancada, en buena medida por la falta de voluntad de sus propios parlamentarios. Esta inacción augura la persistencia de la fragmentación y polarización que aqueja al régimen representativo chileno, cuya superación requiere precisamente el tipo de liderazgo que este gobierno no ha sabido -o no ha querido- ejercer.
En cuanto a la dimensión ética, el balance es abiertamente deficitario. Los elevados estándares morales con que se presentó esta administración han quedado desmentidos por una sucesión de escándalos de corrupción y por las flagrantes contradicciones entre el discurso feminista y las prácticas frente al caso Monsalve. La pretensión de superioridad moral ha sido refutada por los hechos.
Cabe entonces preguntarse: ¿se ha extinguido realmente el impulso refundacional? ¿Se ha logrado mejorar la calidad de la política? Para ambas preguntas la respuesta es negativa. Lo que hemos presenciado no ha sido una renuncia ideológica, sino una reconfiguración táctica; no una elevación de los estándares republicanos, sino una prolongación de las malas prácticas bajo nuevos rostros. Este gobierno ha replicado, e incluso profundizado, vicios históricos de la política nacional.
En consecuencia, el debate electoral que se avecina no debe reducirse a una simple competencia por credibilidad en gestión, seguridad o probidad. Si la oposición de centroderecha aspira a representar una alternativa real, debe ofrecer algo más que eficiencia técnica: debe encarnar una propuesta política radicalmente distinta, que se oponga sin ambigüedades al proyecto refundacional y que reivindique un modelo institucional, económico y cultural basado en la libertad y la responsabilidad. La elección de 2025 será, en ese sentido, algo más que una disputa entre administradores: será un plebiscito sobre dos visiones de país. (El Líbero)
Jorge Jaraquemada
