La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados inició la discusión de la reforma constitucional que busca aumentar los plazos de retención de migrantes en situación irregular para concretar procesos de expulsión administrativa, en una sesión marcada por diferencias entre parlamentarios de oposición y representantes del Gobierno.
La iniciativa, presentada por el Ejecutivo del Presidente José Antonio Kast, plantea modificar la Constitución para extender el período máximo en que una persona extranjera con orden de expulsión puede permanecer retenida mientras se ejecuta la medida.
Actualmente, el plazo máximo es de cinco días, mientras que la propuesta busca ampliarlo hasta 180 días mediante un período inicial de 60 días y dos posibles renovaciones por igual extensión.
Durante la exposición del proyecto, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que el objetivo es contar con mayores herramientas para garantizar que las órdenes de expulsión puedan concretarse de manera efectiva.
El secretario de Estado sostuvo que la propuesta busca flexibilizar los plazos de retención y citó experiencias internacionales, principalmente de países europeos, donde existen períodos más extensos para este tipo de procedimientos.
CRÍTICAS POR GARANTÍAS Y ALCANCE DE LA MEDIDA
Parlamentarios de oposición manifestaron reparos a la iniciativa, apuntando principalmente a las condiciones bajo las cuales se aplicaría la retención y los mecanismos de control existentes.
Los diputados José Montalva y Lorena Fries plantearon que, si bien algunos países europeos contemplan plazos mayores, también cuentan con resguardos judiciales destinados a proteger los derechos de las personas migrantes.
El diputado Marcos Barraza cuestionó el enfoque del Gobierno en materia migratoria y comparó la orientación de estas políticas con las impulsadas por la administración estadounidense de Donald Trump.
Ante las críticas, el ministro Rabat defendió la propuesta y precisó que no se trata de una pena ni de una reclusión carcelaria, sino de una detención administrativa destinada exclusivamente a asegurar la materialización de una expulsión.
El diputado Marcos Ilabaca también expresó dudas sobre la redacción de la reforma constitucional, señalando que podría limitar la capacidad de decisión respecto de los plazos aplicables en cada caso.
APOYOS A LA PROPUESTA DEL EJECUTIVO
Desde el oficialismo, el diputado Luis Sánchez respaldó la reforma y sostuvo que representa un cambio frente a la política migratoria aplicada anteriormente.
El parlamentario afirmó que Chile requiere normas más estrictas frente al ingreso irregular y destacó que otros países han avanzado en legislaciones con mayores plazos y nuevas herramientas para gestionar procesos de retorno.
La discusión continuará en el Congreso, donde el proyecto deberá enfrentar el debate sobre seguridad, control migratorio y protección de garantías fundamentales. (NP-ChatGPT-La Tercera)