La entrada en vigencia de la reforma notarial y registral el pasado 2 de abril implicó un aumento inmediato en las funciones de los fiscales judiciales de las cortes de apelaciones del país, quienes asumieron nuevas tareas de supervisión que anteriormente recaían en los ministros visitadores.

El cambio normativo trasladó la responsabilidad fiscalizadora hacia estos funcionarios, quienes ahora podrán ejercerla incluso en coordinación con el Servicio Nacional del Consumidor. Con miras a esta transición, la Academia Judicial desarrolló en semanas previas un proceso de capacitación e inducción dirigido a los fiscales judiciales.

Pese a ello, en el Poder Judicial surgieron inquietudes respecto de la necesidad de contar con directrices claras desde la Corte Suprema. En ese contexto, tanto fiscales como actores del sistema notarial y registral plantearon la importancia de que el fiscal judicial del máximo tribunal, Jorge Pizarro, elaborara un plan anual de supervisión.

Estas dudas comenzaron a disiparse luego de que se confirmara que Pizarro remitirá durante esta jornada el plan de fiscalización correspondiente a 2026 a las distintas cortes de apelaciones. Asimismo, solicitó a sus pares informar antes del viernes el inicio de las visitas inspectivas en sus respectivas jurisdicciones. La elaboración del documento se extendió debido a la espera de pronunciamientos del pleno de la Corte Suprema.

Durante la ceremonia de implementación de la reforma, el fiscal judicial enfatizó que el nuevo rol institucional apunta a una transformación profunda del sistema. En esa línea, sostuvo que la fiscalización no solo deberá centrarse en sancionar irregularidades, sino también en anticiparlas mediante mecanismos de detección temprana y prevención.

PLAN DE FISCALIZACIÓN

El plan contempla un esquema de inspecciones periódicas, en el que los fiscales judiciales deberán programar y reportar sus visitas, poniendo especial énfasis en la revisión de aranceles y en la transparencia de las tarifas aplicadas por notarías y conservadores.

Uno de los cambios relevantes es la instauración de un sistema técnico y objetivo para la fijación de tarifas máximas, reemplazando el esquema vigente basado en un decreto de 1998. En paralelo, el Sernac tendrá un rol activo en la supervisión de eventuales irregularidades en la atención, servicios y cobros.

Las labores de fiscalización también incluirán la revisión de infraestructura física y digital, documentación, registros, horarios de atención, cumplimiento de envíos electrónicos, inventarios y condiciones laborales. A ello se sumará el análisis de auditorías externas, la habilitación de canales de reclamo y la aplicación de encuestas de satisfacción a usuarios.

En caso de detectarse irregularidades, los fiscales judiciales deberán formular cargos y promover la apertura de procesos disciplinarios, los que serán instruidos por un ministro de la corte de apelaciones respectiva y resueltos posteriormente por el pleno del tribunal. (NP-ChatGPT-La Tercera)