La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana una Reforma Constitucional que “establece la pérdida de cargos públicos por infringir las normas de gasto y transparencia electoral”.
En la ocasión la Mandataria dijo que «nos convoca la voluntad de dar un nuevo paso en el fortalecimiento de la democracia y su legitimidad». «Esta confianza se ve dañada con casos como los que hemos visto en el último tiempo. Debemos frenar de raíz las acciones se han ido enquistando».
Bachelet remarcó que «como servidores públicos debemos ponernos una vara más alta y asegurar que sólo los que están dispuestos a actuar según los intereses de Chile estarán en los más altos puestos de la Nación».
«Chile requiere determinar claramente cuáles son las fronteras entre la política y los negocios, para frenar prácticas de corrupción y faltas a la ética. Al mismo tiempo Chile necesita reglas claras para el financiamiento de campañas y sanciones ejemplarizadoras para aquellos candidatos que no cumplen la ley», remarcó.
SITUACIÓN DE PARLAMENTARIOS SE ABORDARÁ EN OTRO PROYECTO DE LEY
En concreto, la reforma propone que desde las próximas elecciones se «sancione con la pérdida del cargo a quienes defrauden las normas de financiamiento y control de gasto electoral, y cuyo procedimiento y regulación establecerá una ley orgánica constitucional dictada al efecto».
La medida establecerá «una sanción directa» para quienes no cumplan la ley electoral, a diferencia del proyecto sobre democracia enviado por el gobierno en diciembre y que establecía la medida como sanción indirecta, como consecuencia de una eventual pérdida de la ciudadanía.
«En esta reforma estamos proponiendo que el cargo se revoque directamente, es decir, que la condena en el ámbito penal implique la pérdida del cargo. Y en el ámbito parlamentario, entendemos que son los propios legisladores quienes lo establecerán en un proyecto de reforma constitucional de iniciativa propia. Así lo han solicitado al propio gobierno», detalló.
Bachelet recalcó que «estamos hablando de cargos de elección popular que no tienen facultad legislativa», pero que «comprometo mi apoyo a las iniciativas parlamentarias que en esta misma línea de avanzar en probidad, transparencia electoral, se apliquen a diputados y senadores».
«Esto tiene un fundamento muy sencillo. Quienes no respetan la ley para convertirse en representantes no pueden estar tomando determinaciones en nombre de los chilenos y chilenas», remarcó.
MEDIDAS DE AUSTERIDAD
Junto con la reforma Bachelet anunció que envió instructivos para establecer normas de austeridad en los ministerios, entre ellos gastos de publicidad, difusión, gastos de representación y uso de vehículos.
Por ejemplo -dijo- «los vehículos fiscales sólo deben ser de uso de ministros, subsecretarios, jefes de servicios intendentes, gobernadores y cargos jerárquicos similares para usos estrictamente relacionados al uso de sus funciones». Otra de las medidas apunta a que dichas autoridades sólo utilizarán clase ejecutiva para vuelos de más de 7 mil kilómetros de distancia.
«Todas estas medidas apuntan a fortalecer la transparencia activa y la probidad que debemos demostrar ante nuestros ciudadanos», remarcó.
Estas medidas fueron anunciadas por la Mandataria al presentar el consejo anticorrupción en marzo. En esa ocasión, la Mandataria aseveró que había materias «urgentes» de regular, entre ellas una reforma constitucional «para que se establezcan sanciones, incluso la pérdida del cargo, a aquellos que han accedido a puestos de representación popular mediante prácticas ilegales».
En tanto, la medida sobre las declaraciones de patrimonio, ya fue presentada el pasado 19 de marzo. Este primer instructivo enviado tiene como objetivo hacer que las declaraciones de patrimonio e interés sean más detalladas y periódicas, y que en el caso de los ex presidentes sean «de por vida».
El consejo contra la corrupción, creado el 11 de marzo y presidido por Eduardo Engel, deberá presentar su informe el 24 de abril.
Esta medida se enmarca dentro de las acciones que está tomando el gobierno tras conocerse los casos de Penta, SQM y Caval, donde este último involucra a la familia de la Presidenta. (La Tercera)
