La reforma constitucional incluida en la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) abrió una de las principales diferencias al interior del oficialismo desde el inicio del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que la UDI, Renovación Nacional y Evópoli expresaran reparos a algunas de las medidas impulsadas por La Moneda.

La controversia escaló después de que el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, anunciara que su partido no estaba en condiciones de respaldar las reformas constitucionales de seguridad en los términos planteados por el Ejecutivo. La postura marcó un distanciamiento relevante de una colectividad que anteriormente había comprometido su respaldo al Gobierno.

Al interior de la UDI, la decisión generó apoyos y cuestionamientos. Parte de la dirigencia valoró que el partido estableciera límites frente a La Moneda, mientras otros dirigentes cuestionaron que una determinación de esa magnitud no hubiera sido discutida previamente en las instancias internas de la colectividad.

Ramírez asumió la responsabilidad por su decisión y sostuvo ante la mesa directiva que la UDI no podía guardar silencio frente a modificaciones que, a su juicio, podían debilitar la institucionalidad. Sus principales reparos apuntaron a incorporar excepciones a principios generales directamente en la Constitución.

Uno de los aspectos que provocó mayor controversia fue la propuesta de crear un nuevo estado de excepción constitucional frente a una crisis de seguridad pública. El mecanismo contemplaba que el Presidente pudiera extenderlo hasta por 240 días sin requerir previamente la aprobación del Congreso y consideraba, entre otras herramientas, la posibilidad de interceptar comunicaciones.

Los cuestionamientos no quedaron limitados a la UDI. Desde Renovación Nacional y Evópoli también surgieron reparos relacionados con los contrapesos institucionales y la protección de las libertades individuales frente a las mayores atribuciones que recibiría el Ejecutivo.

En RN, la propuesta generó preocupación particularmente por el alcance del nuevo estado de excepción. El senador Andrés Longton planteó que enfrentar con firmeza al crimen organizado debe ir acompañado de controles capaces de impedir eventuales abusos de poder y resguardar los derechos de las personas.

La colectividad encabezada por Andrea Balladares recurrió además a un grupo de especialistas constitucionales para analizar la iniciativa. Entre ellos figuraron la expresidenta del Tribunal Constitucional Marisol Peña y abogados y académicos como Sebastián Soto, Teodoro Ribera, Juan José Ossa y Víctor Manuel Avilés.

Desde Evópoli, su presidente, Luciano Cruz-Coke, también cuestionó la propuesta y sostuvo que algunas de sus disposiciones se acercaban a posiciones iliberales y que no resultaban indispensables para avanzar en el combate contra la delincuencia.

Las diferencias alcanzaron también al propio gabinete. El ministro de Defensa, Fernando Barros, manifestó reparos ante la posibilidad de que las Fuerzas Armadas pudieran quedar bajo el mando de un general de Carabineros durante el nuevo estado de Seguridad Pública. A ello se sumaron observaciones provenientes de los ministerios de Justicia y Salud.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, también advirtió sobre aspectos complejos del proyecto y recomendó postergar su ingreso al Congreso. Sus inquietudes fueron posteriormente planteadas al Presidente Kast, lo que derivó en una revisión de la iniciativa.

La propuesta original de incorporar cambios constitucionales a la agenda de seguridad surgió desde el Partido Republicano. Su presidente, Arturo Squella, había impulsado la necesidad de adoptar medidas de mayor alcance frente al crimen organizado y otras formas de delincuencia.

Sin embargo, el planteamiento inicial sufrió modificaciones durante su elaboración. Según los antecedentes conocidos, la propuesta que había promovido Squella no incluía originalmente el nuevo estado de excepción por hasta 240 días ni la interceptación de comunicaciones, dos de los puntos que posteriormente generaron mayor controversia.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, asumió públicamente la responsabilidad política por el proyecto, mientras desde el Partido Republicano se ha defendido la necesidad de contar con instrumentos más contundentes para combatir el crimen organizado.

El diputado republicano Agustín Romero reconoció que la reforma requiere modificaciones para alcanzar acuerdos y calificó como razonables algunos de los reparos formulados por Guillermo Ramírez. Sin embargo, advirtió que retirar completamente la iniciativa significaría renunciar a herramientas que considera necesarias para enfrentar al terrorismo y al crimen organizado.

La controversia también evidenció diferencias sobre la estrategia que debería adoptar el oficialismo en materia de seguridad. Mientras sectores republicanos defienden modificaciones constitucionales de mayor profundidad, dirigentes de Chile Vamos han puesto el énfasis en preservar los contrapesos institucionales y las libertades individuales.

Pese a las discrepancias, desde La Moneda se ha descartado retirar la reforma. La intención del Ejecutivo es revisar los aspectos más controvertidos, especialmente el nuevo estado de excepción, para incorporar mayores controles y conseguir respaldo político.

La búsqueda de acuerdos continuará en la Comisión de Constitución del Senado, instancia que será utilizada para introducir modificaciones y acercar posiciones entre los distintos sectores.

El Gobierno espera que la agenda de seguridad, una vez corregida, consiga finalmente el respaldo del Congreso. Sin embargo, el episodio dejó instalada la interrogante sobre si las diferencias surgidas entre el Partido Republicano y Chile Vamos corresponden a una controversia puntual o anticipan una fractura más permanente dentro del oficialismo. (NP-ChatGPT-La Tercera)