La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast está abriendo diferencias dentro del propio oficialismo. Mientras el Partido Republicano defiende con firmeza la propuesta, UDI, RN y Evópoli han comenzado a plantear modificaciones destinadas a reforzar los contrapesos institucionales y evitar eventuales riesgos para el sistema democrático.

El presidente republicano, Arturo Squella, elevó la presión sobre los parlamentarios oficialistas críticos, emplazándolos a definir si respaldarán un Estado con mayores herramientas para enfrentar al crimen organizado. Sus declaraciones anticipan una discusión en que los republicanos buscarán defender el núcleo de la iniciativa frente a las aprensiones de sus aliados.

Uno de los principales focos de controversia es el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, especialmente por su duración y las atribuciones que concentraría el Presidente. Desde Chile Vamos advierten que una herramienta excepcional destinada a combatir organizaciones criminales debe incorporar controles suficientes para impedir un uso excesivamente discrecional.

El debate incluso ha provocado comparaciones con las políticas de seguridad implementadas por Nayib Bukele en El Salvador y cuestionamientos respecto de un eventual giro “iliberal” del Gobierno. Aunque dirigentes de Chile Vamos rechazan esa caracterización de la administración Kast, reconocen que determinadas disposiciones requieren modificaciones.

Desde Evópoli, Luciano Cruz-Coke ha planteado la necesidad de incorporar equilibrios propios de una democracia, mientras que el senador Cristián Vial sostuvo que Chile dispone de instituciones suficientes para combatir eficazmente la delincuencia sin reproducir el modelo salvadoreño.

Una posición similar expresó el alcalde Sebastián Sichel, quien respaldó la creación de una nueva herramienta constitucional para enfrentar problemas graves de seguridad, pero cuestionó que pueda permanecer durante períodos prolongados dependiendo principalmente de la decisión del Presidente.

Pese a estas diferencias, en Chile Vamos existiría disposición para aprobar la idea de legislar. La estrategia sería concentrar posteriormente las objeciones y modificaciones durante la discusión particular del proyecto.

RN comenzó a preparar ese proceso mediante reuniones con constitucionalistas, entre ellos Marisol Peña, Juan José Ossa y Teodoro Ribera. Paralelamente, parlamentarios de la colectividad elaboraron propuestas de indicaciones para modificar la iniciativa y reforzar sus resguardos institucionales.

La UDI también trabaja en eventuales cambios. Aunque el partido ha mostrado una posición menos crítica que RN y Evópoli, algunos de sus dirigentes han reconocido que aspectos relacionados con el nuevo estado de excepción pueden ser perfeccionados durante la tramitación.

De esta manera, la discusión dentro del oficialismo parece desplazarse desde si deben entregarse mayores capacidades al Estado para combatir el crimen organizado hacia cuáles deben ser los límites de esas atribuciones. La duración de los estados de excepción, el control del Congreso y la protección de derechos fundamentales aparecen como los principales puntos que marcarán el debate legislativo. (NP-ChatGPT-La Tercera)