La elaboración de una nueva reforma constitucional en materia de seguridad abrió diferencias entre integrantes de la comisión de Constitución del Senado y puso en duda la existencia de un acuerdo político suficiente para reemplazar el proyecto presentado originalmente por el Gobierno.

La nueva propuesta comenzó a ser trabajada por los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos), luego de las dificultades que enfrentó la iniciativa del Ejecutivo para conseguir respaldo a su idea de legislar. El Gobierno ha manifestado su disposición a retirar su proyecto si los parlamentarios presentan una alternativa capaz de reunir un apoyo más amplio.

Según distintas versiones recogidas durante las conversaciones, Longton y Squella habían intercambiado previamente ideas con el presidente de la comisión de Constitución, Pedro Araya (PPD), y con las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC). Entre las materias consideradas se encuentra la segregación penitenciaria para integrantes del crimen organizado, asunto que Vodanovic había incorporado anteriormente en una iniciativa propia.

Las diferencias quedaron expuestas durante la sesión de este miércoles. Vodanovic aseguró que no participó en la elaboración del documento y que solamente conoció su contenido completo durante la tarde del día anterior.

“Yo conocí el texto ayer en la tarde, un texto en el que no participé, en el que nadie tuvo la gentileza de invitarme”, señaló la presidenta del PS. Posteriormente sostuvo que el borrador había circulado entre los integrantes hombres de la comisión antes de ser enviado por WhatsApp a ella y a Pascual.

Squella respondió que el documento surgió inicialmente como una indicación al proyecto del Ejecutivo y posteriormente comenzó a considerarse como una reforma independiente ante la disposición del Gobierno a retirar su iniciativa. El senador republicano afirmó que la intención siempre había sido poner el texto a disposición de todos los integrantes de la comisión.

La explicación provocó una nueva respuesta de Vodanovic, quien acusó a Squella de incurrir en “mansplaining” y posteriormente insistió en sus cuestionamientos a la forma en que se desarrollaron las conversaciones.

Las diferencias también alcanzaron al Socialismo Democrático. Senadores de ese sector afirmaron que Pedro Araya no los representa institucionalmente en las negociaciones que se han desarrollado con el oficialismo y el Ejecutivo.

“El Socialismo Democrático en esto no ha tenido ni tiene un rol y no está siendo representado en las tratativas que se están llevando a cabo”, afirmó el senador Juan Luis Castro (PS).

Pascual también negó haber participado en una negociación formal. La senadora comunista señaló que conoció mediante WhatsApp la propuesta elaborada por Squella y Longton, pero sostuvo que ello no constituye un acuerdo político respecto de su contenido.

Araya, en tanto, defendió su participación en las conversaciones y sostuvo que las diferencias reflejan distintas posiciones dentro de la oposición frente a la agenda de seguridad. A su juicio, existe un sector que estaría abordando estas materias desde consideraciones electorales, interpretación que fue rechazada implícitamente por quienes han cuestionado el procedimiento y contenido de la iniciativa.

El senador PPD aseguró que continuará buscando acuerdos con parlamentarios tanto del Gobierno como de la oposición. “La seguridad pública no puede transformarse en una trinchera electoral”, afirmó.

La controversia adquiere relevancia debido a los quorum necesarios para aprobar una reforma constitucional. El Ejecutivo y los parlamentarios que impulsan la alternativa necesitan construir un respaldo transversal en el Senado, escenario que se vuelve más complejo si parte del Socialismo Democrático y otros sectores opositores no respaldan el texto.

El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, manifestó este jueves su confianza en que finalmente pueda alcanzarse un entendimiento. Señaló que el objetivo del Ejecutivo es conseguir una reforma que permita posteriormente desarrollar por ley nuevas herramientas en materias como segregación penitenciaria y participación de las Fuerzas Armadas en determinadas tareas de seguridad.

Pavez sostuvo que el Gobierno está dispuesto a retirar su propuesta original si un nuevo texto permite alcanzar un acuerdo político más amplio. “Si eso supone buscar un texto nuevo, y en ese contexto que el Gobierno haga un gesto y retire la reforma, eso está sobre la mesa”, afirmó.

El Presidente José Antonio Kast ya había abordado directamente la búsqueda de acuerdos durante una reunión en Cerro Castillo con autoridades del Ejecutivo y representantes del Congreso. Sin embargo, las declaraciones de los integrantes de la comisión de Constitución muestran que todavía no existe consenso sobre el contenido ni sobre el procedimiento utilizado para elaborar la iniciativa alternativa.

La propuesta de Longton y Squella deberá ahora ser revisada por los distintos sectores antes de su eventual ingreso formal al Senado. Su viabilidad dependerá de los acuerdos que puedan alcanzarse respecto de las herramientas de seguridad que se pretende incorporar a la Constitución y del respaldo parlamentario que finalmente reúna.

X. OSSANDON: RETIRO DE REFORMA SOLO SI HAY CONSENSO MÁS AMPLIO DE SENADORES

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Ximena Ossandón (RN), afirmó que el Gobierno podría retirar su reforma constitucional de seguridad si prospera la propuesta alternativa que preparan los senadores Andrés Longton (RN) y Arturo Squella (Republicanos) y esta consigue un respaldo político más amplio en el Congreso.

La parlamentaria abordó el escenario luego de participar en una reunión de trabajo en Cerro Castillo encabezada por el Presidente José Antonio Kast, donde la tramitación de la agenda de seguridad fue uno de los principales asuntos analizados.

Durante los últimos días, el Ejecutivo ha manifestado su disposición a retirar su iniciativa ante las dificultades para reunir los votos necesarios en el Senado. Paralelamente, Longton y Squella trabajan en un nuevo texto destinado a buscar mayores niveles de acuerdo entre oficialismo y oposición.

“El senador Longton y Squella están trabajando en una nueva propuesta, y si esa propuesta sale a la luz y nace, y es consensuada por más senadores, probablemente va a ser la causa por la que el Gobierno termine retirando la que hoy día está durmiendo”, explicó Ossandón a La Tercera.

La diputada sostuvo que un eventual retiro no se concretaría sin que previamente exista una alternativa considerada suficientemente sólida por el Ejecutivo. Según explicó, La Moneda espera que el nuevo proyecto incorpore los aspectos centrales que considera necesarios para fortalecer las herramientas del Estado frente al crimen organizado.

“El Gobierno retira, pero no retira por nada. Si va a retirar, va a retirar contra un texto que sea suficientemente robusto y que también esté visado”, señaló. Precisó, sin embargo, que aquello no supone que el Ejecutivo deba compartir íntegramente el contenido, debido a que la propuesta tendrá que ser discutida posteriormente por ambas cámaras.

Ossandón calificó un eventual retiro del proyecto gubernamental como un gesto de “humildad” orientado a facilitar un acuerdo posterior. La parlamentaria recurrió a la expresión “guerra contra el crimen organizado” para explicar que, a su juicio, el objetivo prioritario debe ser alcanzar una solución legislativa más allá de quién impulse originalmente la iniciativa.

Las conversaciones se desarrollan en medio de las diferencias surgidas dentro de la comisión de Constitución del Senado respecto de la elaboración del nuevo texto.

La presidenta del PS, Paulina Vodanovic, cuestionó el procedimiento seguido por Longton, Squella y el presidente de la comisión, Pedro Araya (PPD), y aseguró que no participó en la redacción del borrador. La senadora Claudia Pascual (PC) también ha señalado que no existió una negociación formal con ella respecto de la propuesta.

Ossandón descartó que la ausencia de ambas senadoras en la reunión de Cerro Castillo significara que hubieran sido excluidas de las conversaciones. Explicó que la cita no tenía carácter ampliado y que fueron convocados representantes de ambas cámaras y presidentes de las comisiones relacionadas con la materia.

“Ambas senadoras son muy importantes”, sostuvo Ossandón, quien afirmó que tanto Vodanovic como Pascual serán relevantes para la búsqueda de los acuerdos necesarios durante la tramitación.

El escenario mantiene abierta la posibilidad de que el Gobierno retire su reforma constitucional una vez que exista un texto alternativo. Sin embargo, las diferencias expresadas por distintos sectores de la oposición muestran que todavía no existe un consenso sobre la nueva propuesta ni sobre los mecanismos constitucionales que deberían incorporarse.

La definición será especialmente relevante en el Senado, donde cualquier reforma constitucional de esta naturaleza requiere reunir un respaldo transversal para alcanzar el quorum necesario para su aprobación. (NP-ChatGPT-Emol-La Tercera)