La reforma constitucional de seguridad, considerada una de las piezas centrales de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) del Gobierno, no podrá cumplir el plazo contemplado por la suma urgencia asignada por el Ejecutivo y enfrentará una tramitación más extensa de la inicialmente prevista.
Aunque La Moneda buscaba acelerar el debate, la Comisión de Constitución del Senado no incorporó la iniciativa en su tabla de esta semana. A ello se suma el próximo período de trabajo territorial de los parlamentarios, por lo que la discusión podría comenzar recién durante la primera semana de septiembre.
El proyecto tendrá además un recorrido legislativo particularmente amplio. Junto con su revisión obligatoria por la Comisión de Constitución, el Senado acordó que también sea estudiado por las comisiones de Seguridad Pública y Defensa Nacional, debido especialmente a las implicancias del nuevo estado de excepción y la eventual participación de las Fuerzas Armadas.
La decisión de someter un articulado relativamente breve a tres comisiones generó incomodidad entre algunos parlamentarios oficialistas, ya que inevitablemente podría extender los tiempos de tramitación. Constitución seguirá siendo la comisión matriz y deberá pronunciarse inicialmente sobre la idea de legislar.
Para el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el escenario presenta además una dificultad política: las tres comisiones son presididas por parlamentarios que no pertenecen al oficialismo. Pedro Araya (PPD) encabeza Constitución, Karim Bianchi (independiente) preside Seguridad y Francisco Huenchumilla (DC) dirige Defensa.
Araya adquiere particular relevancia porque, además de presidir la comisión matriz, participa en las otras dos instancias. El senador ha manifestado fuertes reparos respecto de la reforma y mantiene antecedentes de tensión política con Arrau derivados de una denuncia realizada por el actual ministro en 2021 contra distintas figuras de la antigua Concertación.
La reforma también enfrenta cuestionamientos que trascienden a la oposición. Parlamentarios de RN, Evópoli, la UDI y sectores aliados han expresado dudas respecto de aspectos como la extensión del nuevo estado de excepción, las facultades presidenciales, los controles del Congreso y el papel que asumirían las Fuerzas Armadas.
La suma urgencia, por tanto, no garantiza por sí misma que el proyecto pueda avanzar al ritmo esperado por el Ejecutivo. El calendario parlamentario, el análisis en tres comisiones y la necesidad de construir las mayorías exigidas para una reforma constitucional convierten la negociación política en un elemento determinante.
El retraso representa un desafío adicional para el Gobierno, considerando que el Presidente José Antonio Kast encargó al ministro Arrau conseguir avances legislativos concretos de la agenda de seguridad antes de Navidad. (NP-ChatGPT-La Tercera)