La propuesta de reforma constitucional en materia de seguridad presentada por el Ejecutivo abrió un intenso debate político por las nuevas atribuciones que busca entregar al Presidente José Antonio Kast. Los cuestionamientos han surgido tanto desde sectores de la oposición como desde voces de la derecha oficialista, principalmente por los eventuales efectos de los cambios sobre los contrapesos institucionales y la separación de poderes.

Uno de los puntos que ha concentrado la discusión corresponde a la posibilidad de extender un estado de excepción constitucional hasta por 120 días y prorrogarlo por otros 120 días sin requerir autorización del Congreso. Sus detractores advierten que una modificación de estas características podría aumentar significativamente las facultades presidenciales y reducir la intervención del Poder Legislativo.

La oposición ha vinculado la iniciativa con el concepto de un gobierno “iliberal”, caracterizado por mantener las estructuras formales de la democracia mientras debilita determinados contrapesos o restringe libertades. El Presidente Kast ha rechazado esa caracterización de su administración.

Constanza Martínez, en su última reunión como presidenta del Frente Amplio, cuestionó duramente la propuesta y sostuvo que entregaría atribuciones excesivas al Mandatario. A su juicio, la iniciativa implica un retroceso en la separación de poderes y se inserta en una agenda que busca disminuir el papel estatal en derechos sociales mientras fortalece las facultades del Ejecutivo.

El presidente del PPD, Raúl Soto, también emplazó al Mandatario a retirar la reforma constitucional. El dirigente sostuvo que, si Kast busca demostrar que su gobierno no tiene características autoritarias o iliberales, debería desistir de una iniciativa que, según su análisis, concentra atribuciones presidenciales en desmedro de otras instituciones.

Desde el Partido Liberal, el senador Vlado Mirosevic valoró las objeciones surgidas desde sectores de la derecha tradicional respecto del nuevo estado de excepción. El parlamentario señaló que considera positiva la existencia de cuestionamientos transversales y advirtió sobre los riesgos que podría representar para las libertades una ampliación excesiva de las atribuciones del Ejecutivo.

La discusión también reabrió las diferencias en torno al proyecto de nueva Constitución elaborado por la Convención Constitucional y rechazado ampliamente en el plebiscito de 2022. Sectores oficialistas han utilizado ese antecedente para responder a las acusaciones provenientes de la izquierda y la centroizquierda sobre los eventuales riesgos institucionales de la actual reforma.

Mirosevic fue uno de los voceros de la opción Apruebo en el proceso de 2022, cuya propuesta también recibió críticas de sus adversarios por modificaciones a los contrapesos institucionales y por eventuales riesgos de concentración del poder. Partidos de la izquierda y la centroizquierda respaldaron entonces el texto sometido a plebiscito.

El presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, recurrió precisamente a ese proceso para responder a las críticas contra la reforma de seguridad. El parlamentario calificó la propuesta constitucional de 2022 como una iniciativa maximalista, refundacional e ideologizada que, a su juicio, habría alterado profundamente las bases institucionales del país.

Ramírez sostuvo que aquel proyecto buscaba modificar organismos y contrapesos que han formado parte del sistema democrático chileno durante décadas. El dirigente gremialista destacó además que la propuesta finalmente fue rechazada de manera contundente por la ciudadanía.

El debate también ha generado análisis respecto de la consistencia de las posiciones asumidas por los distintos sectores políticos. El doctor en Filosofía y analista político Max Colodro reconoció que la reforma impulsada por el actual Gobierno, especialmente en lo relativo al nuevo estado de excepción, presenta riesgos de una eventual deriva iliberal.

Sin embargo, Colodro cuestionó la autoridad política de la izquierda y la centroizquierda para formular esas críticas debido al respaldo que entregaron al proyecto constitucional de 2022. Según el analista, aquella propuesta contenía elementos que considera incluso más problemáticos desde el punto de vista institucional que los incluidos en la actual reforma.

Entre esos aspectos, Colodro mencionó el diseño de sistemas de justicia indígena contemplado en el texto de la Convención Constitucional, que a su juicio planteaba dificultades respecto del principio de igualdad ante la ley. Por esa razón, sostuvo que los sectores que apoyaron aquella propuesta tienen menor legitimidad para denunciar actualmente eventuales tendencias autoritarias o iliberales.

La controversia instala así una discusión que supera el contenido específico de la agenda de seguridad del Gobierno y alcanza aspectos centrales del funcionamiento institucional. Mientras la oposición cuestiona una posible concentración de facultades en la Presidencia, sectores oficialistas responden recordando el proceso constitucional de 2022, en un debate que vuelve a situar en el centro la separación de poderes, los contrapesos democráticos y los límites de las atribuciones del Ejecutivo. (NP-ChatGPT-Emol)