La reforma constitucional en materia de seguridad impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast volvió a situar a la Constitución en el centro de la discusión política, en medio de cuestionamientos sobre los alcances de las facultades que la iniciativa busca entregar al Ejecutivo y comparaciones con el fallido proceso constituyente de 2022.

El proyecto, que forma parte de la Agenda Contra el Crimen Organizado y Terrorismo (ACOT), ya fue ingresado al Senado, aunque el Ejecutivo decidió retirar la suma urgencia para su tramitación. Entre sus disposiciones se contempla incorporar en la Constitución el deber del Estado de resguardar la seguridad pública y permitir que el Presidente de la República decrete estados de excepción constitucional por 120 días, prorrogables por un período similar, sin requerir autorización del Congreso.

La propuesta ha generado reparos tanto en sectores de oposición como del propio oficialismo y abrió una discusión entre académicos, analistas y columnistas respecto de sus implicancias institucionales. Una de las expresiones que ha marcado el debate es el concepto de “iliberal”, utilizado por algunos críticos para caracterizar aspectos de la reforma e incluso al Gobierno. Kast, por su parte, ha rechazado en distintas oportunidades que su administración pueda ser definida de esa manera.

Entre los cuestionamientos se plantea que la iniciativa podría afectar principios asociados a la tradición liberal, como la protección de derechos individuales y los contrapesos institucionales. También se ha discutido el efecto que tendría modificar la propia Constitución sobre la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional frente a determinadas medidas.

El debate llevó además a sectores políticos y analistas a establecer comparaciones con la propuesta constitucional elaborada por la Convención y rechazada en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022.

El director del Centro de Estudios Públicos (CEP), Juan Luis Ossa, valoró en una columna publicada por La Tercera que el Gobierno retirara la suma urgencia de la reforma. A su juicio, enfrentar la crisis de seguridad no implica necesariamente recurrir a modificaciones constitucionales para cada respuesta del Estado.

Ossa advirtió también sobre los riesgos de modificar reiteradamente la Carta Fundamental según las prioridades políticas del momento. En su análisis, ampliar actualmente las atribuciones presidenciales puede establecer un precedente que permita a futuros gobiernos promover cambios similares con objetivos distintos.

Desde la UDI, en tanto, los diputados Eduardo Cretton y Guillermo Ramírez, presidente de la colectividad, respondieron a los cuestionamientos provenientes de la izquierda y recordaron el proceso constitucional de 2022. Los parlamentarios acusaron al Frente Amplio y al Partido Comunista de haber respaldado una propuesta que, según sostienen, debilitaba la institucionalidad del país.

En la misma línea, el analista político Max Colodro afirmó que la izquierda y la centroizquierda tienen escasa autoridad para cuestionar la actual reforma desde una perspectiva liberal, debido al respaldo que entregaron al proyecto constitucional elaborado por la Convención.

Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES), también cuestionó el texto de 2022 y sostuvo que algunas de sus disposiciones ponían en riesgo la separación de poderes. Entre ellas mencionó la propuesta de Estado plurinacional, la eliminación del Senado y su reemplazo por una Cámara de las Regiones con atribuciones más limitadas, además del diseño del Consejo de la Justicia y sus competencias.

Las controversias actuales también hicieron reaparecer opiniones formuladas durante el funcionamiento de la Convención Constitucional. Entre 2021 y 2022, distintos académicos, políticos y columnistas expresaron posiciones divergentes respecto del proceso, desde advertencias sobre su carácter refundacional hasta defensas de algunas de las transformaciones contenidas en el proyecto.

En noviembre de 2021, Sergio Muñoz Riveros sostuvo que el tono refundacional de la Convención estaba generando incertidumbre e inestabilidad. Meses después, el constitucionalista Javier Couso advirtió sobre la fragmentación existente al interior del órgano, aunque posteriormente rechazó que el texto que estaba tomando forma pudiera ser considerado necesariamente autoritario.

Carlos Peña, rector de la Universidad Diego Portales, planteó en febrero de 2022 que los llamados a la moderación dentro de la Convención debían estar acompañados de una discusión de fondo sobre las normas y principios que se proponían incorporar a la nueva Carta Fundamental.

En abril de ese año, el sociólogo Ernesto Ottone advirtió sobre la existencia de impulsos orientados a un cambio de élites y sobre el riesgo de que quienes accedieran a posiciones de poder buscaran perpetuarlas. Un mes después, el economista Óscar Landerretche cuestionó el comportamiento de sectores de la centroizquierda dentro de la Convención y afirmó que habían dedicado demasiado tiempo a satisfacer las posiciones de los grupos más extremos.

También hubo voces que, pese a formular reparos, respaldaron la propuesta. El abogado Jorge Navarrete reconoció que el proyecto podía ser perfeccionado, pero anunció que votaría Apruebo. Agustín Squella, por su parte, valoró que parte de la ciudadanía esperara conocer el texto definitivo antes de adoptar una posición frente al plebiscito.

En agosto de 2022, Daniel Matamala destacó especialmente las normas sobre paridad e igualdad de género contenidas en la propuesta y calificó esos avances como uno de los posibles legados del proceso constitucional.

Días después, el exministro Heraldo Muñoz reconoció que las actuaciones y declaraciones de algunos convencionales, junto con las controversias en torno a materias como plurinacionalidad, sistema político, Poder Judicial y equilibrios institucionales, habían generado resistencia en parte de la ciudadanía. Pese a ello, manifestó entonces su expectativa de que el proceso constitucional continuara independientemente del resultado del plebiscito.

Cuatro años después de aquel proceso, la reforma de seguridad presentada por el Gobierno de Kast vuelve a instalar una discusión sobre el alcance de los cambios a la Carta Fundamental, las atribuciones presidenciales y los contrapesos entre los poderes del Estado. (NP-ChatGPT-Emol)