La reforma constitucional de seguridad impulsada por el Presidente José Antonio Kast inició formalmente su tramitación en el Senado, donde deberá superar el análisis de tres comisiones presididas por parlamentarios de oposición o independientes y en las que el oficialismo no cuenta con mayoría.

La Sala del Senado dio cuenta del ingreso de la iniciativa y estableció su recorrido legislativo. El proyecto será revisado inicialmente por la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, que deberá pronunciarse sobre la idea de legislar antes de que llegue a la Sala para su votación en general.

Si supera esa instancia, la propuesta regresará a Constitución para su discusión en particular. Por acuerdo de los senadores, la Comisión de Seguridad Pública también analizará su articulado, mientras que las disposiciones relacionadas con el nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública serán estudiadas por la Comisión de Defensa.

En caso de que durante la tramitación sea necesaria una comisión mixta para resolver diferencias entre ambas cámaras, esta quedará integrada por los miembros de la Comisión de Constitución.

El escenario representa un desafío para el Ejecutivo. Constitución es presidida por Pedro Araya (PPD), Seguridad por Karim Bianchi (independiente) y Defensa por Francisco Huenchumilla (DC). En las tres instancias, la oposición y parlamentarios independientes cuentan con una posición mayoritaria.

El ministro de Seguridad, Martín Arrau, deberá buscar acuerdos con distintos sectores para conseguir los apoyos necesarios para una iniciativa que ha generado reparos tanto en la oposición como entre parlamentarios oficialistas y aliados del Gobierno.

Uno de los senadores con mayor influencia durante la tramitación será Pedro Araya, quien además de presidir Constitución integra las comisiones de Seguridad y Defensa. El parlamentario ya ha expresado fuertes críticas al contenido de la reforma y ha señalado que no está disponible para respaldarla en sus actuales términos.

La relación entre Araya y Arrau también registra diferencias anteriores. En 2021, cuando el actual ministro era convencional constituyente, impulsó una denuncia relacionada con supuestos movimientos bancarios en paraísos fiscales que mencionaba al senador y a otras figuras políticas. La investigación fue posteriormente cerrada sin responsables. Araya ha señalado que este antecedente no influirá en su evaluación del proyecto.

En materia legislativa, el senador PPD ha cuestionado la elaboración de la propuesta, llegando a comparar su redacción con un texto construido mediante inteligencia artificial a partir de legislaciones extranjeras. También ha sostenido que la reforma no garantiza por sí misma una mejora efectiva de la seguridad pública.

Otro actor relevante será Karim Bianchi. El presidente de la Comisión de Seguridad ha reconocido la gravedad del avance del crimen organizado y la necesidad de fortalecer las capacidades del Estado, pero cuestionó que esos problemas deban resolverse necesariamente mediante modificaciones constitucionales.

Bianchi también manifestó reparos frente al nuevo estado de excepción contemplado en el proyecto y advirtió que cualquier mecanismo que permita restringir derechos y entregar atribuciones extraordinarias debe ser evaluado considerando que podría ser utilizado por futuros gobiernos de distintas orientaciones políticas.

Con este escenario, la primera etapa de la reforma estará marcada por la búsqueda de acuerdos y eventuales modificaciones al texto original, especialmente en torno al nuevo estado de excepción y las facultades extraordinarias que contempla para enfrentar amenazas graves a la seguridad pública. (NP-ChatGPT-Emol)