El Presidente José Antonio Kast cuestionó este jueves las consecuencias de resoluciones judiciales que han dejado sin efecto el traslado de algunas personas privadas de libertad hacia el recinto penitenciario La Laguna, en el marco de la denominada Operación Cancerbero.

Entre los casos mencionados se encuentra el de integrantes del denominado Clan Chen, cuyo retorno a la cárcel de Alto Hospicio fue determinado por el Juzgado de Garantía de Iquique.

Kast abordó la controversia durante la ceremonia por el Día del Camionero, mientras enumeraba distintas medidas de seguridad implementadas por su administración.

“Estamos haciendo traslados a pesar del hacinamiento en las cárceles, pero nos hemos encontrado con problemas”, afirmó el Mandatario.

EFECTO DE RECURSOS JUDICIALES

El Presidente centró sus críticas en las dificultades que, a su juicio, enfrenta Gendarmería cuando las decisiones administrativas de traslado son posteriormente revertidas mediante acciones judiciales.

“Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso y nos dicen: ‘No, es que este señor tiene que volver donde se sienta confortable’. Oiga, pero si este señor es un asesino. Este señor es parte del crimen organizado”, sostuvo Kast.

El jefe de Estado afirmó que reconoce el derecho de toda persona a contar con defensa judicial, pero planteó interrogantes sobre las facultades que conserva Gendarmería para administrar la población penitenciaria.

“Yo estoy de acuerdo, soy abogado, cada persona tiene derecho a la defensa, pero ¿dónde queda la autoridad de Gendarmería? Una institución noble que hace bien su trabajo”, señaló.

Kast agregó: “De repente, alguien decide poner un recurso y se resuelve que esa persona, que atentó contra otra persona, que atentó contra la vida de nuestros carabineros, vuelve a un lugar más cómodo. ¿Cómo enfrentamos eso?”.

“SOY RESPETUOSO DE LA INSTITUCIONALIDAD”

Pese a sus críticas, el Presidente recalcó que respeta las decisiones adoptadas por los tribunales y sostuvo que su planteamiento apunta a exponer las dificultades que enfrenta el Ejecutivo en materia de seguridad y control penitenciario.

Kast afirmó que es “respetuoso de la institucionalidad” y que “no cuestiona fallos”, aunque sostuvo que el Gobierno busca poner sobre la mesa “situaciones complejas” relacionadas con el combate al crimen organizado.

En ese contexto, vinculó la controversia con la reforma constitucional en materia de seguridad que impulsa su administración.

“La Constitución ve la seguridad nacional, pero no dice seguridad pública y hay una gran diferencia cuando una Constitución contempla el concepto de seguridad pública a cuando no lo contempla”, afirmó.

Las declaraciones se producen mientras el Ejecutivo busca avanzar en el Congreso con cambios constitucionales destinados a ampliar las herramientas del Estado frente al crimen organizado y establecer expresamente la seguridad pública dentro del texto constitucional. (NP-ChatGPT-Emol)