Chile necesita ordenar su sistema de partidos. La proliferación de colectividades pequeñas, sin vida territorial ni proyectos claros, ha generado un fraccionamiento que dificulta la gobernabilidad y confunde a la ciudadanía. En ese sentido, que se busque elevar los requisitos para crear partidos y evitar las “pymes políticas” no es, en sí mismo, una mala idea. Es razonable que un país que quiere estabilidad aspire a un sistema menos disperso.
Pero reducir el problema a un asunto de número de militantes es mirar solo la superficie. El desafío central no es cuántos partidos existen, sino cómo funcionan y quién decide dentro de ellos. Si la reforma no aborda eso, corre el riesgo de fortalecer estructuras cerradas sin mejorar la calidad de la democracia.
Para que el orden tenga sentido, deben asegurarse tres garantías básicas.
Primero, que las bases influyan realmente en las decisiones. Hoy, en demasiados partidos, la militancia es espectadora: las negociaciones electorales y las definiciones estratégicas se toman en círculos reducidos, lejos de cualquier deliberación amplia. Exigir más militantes sin otorgarles poder efectivo solo consolida el control de las cúpulas.
Segundo, que haya transparencia total en el uso de los recursos públicos. Los partidos reciben financiamiento significativo del Estado, pero los estándares de rendición siguen siendo insuficientes. No puede haber modernización si los ciudadanos siguen sin saber con claridad cómo se usan esos fondos y quién toma esas decisiones.
Tercero, avanzar hacia una verdadera democracia interna. Es cierto que las elecciones internas ya son supervisadas por el Servel, lo que constituye un progreso importante. Sin embargo, esa supervisión garantiza el cumplimiento de procedimientos, no la apertura del poder. El Servel no puede intervenir en reglas internas que muchas veces están diseñadas para perpetuar el control de pequeños grupos ni puede exigir elecciones competitivas o consultas vinculantes. La transparencia administrativa no basta si la cancha sigue inclinada.
A ello se suma un elemento político difícil de ignorar: el momento. Que esta reforma se impulse a pocas semanas del receso legislativo, sin debate ciudadano y entre negociaciones acotadas, inevitablemente genera sospechas. Más aún cuando varios de los parlamentarios que la promueven fueron recientemente rechazados por la ciudadanía en una elección con voto obligatorio. Cambiar las reglas del sistema político requiere legitimidad, no apuros.
Ordenar el sistema de partidos es necesario. Pero el orden solo es democrático si va acompañado de participación, transparencia y controles efectivos a las élites internas. Modernizar no es cerrar; modernizar es democratizar.
Si esta reforma apunta a fortalecer la representación y la confianza, bienvenida sea. Pero si solo busca blindar a quienes ya controlan los partidos, entonces no responde al Chile que la ciudadanía quiere construir. (El Mostrador)
José Montalva F.
