El Gobierno constituyó la Comisión Asesora Ministerial para la Modernización del Empleo Público, instancia integrada por 12 expertos que tendrá un plazo de 120 días para elaborar propuestas y entregarlas al Ejecutivo. El objetivo es avanzar hacia una modernización del Estado y adaptar la gestión de los funcionarios públicos a las actuales necesidades del país.

La comisión no tendrá un presidente y su coordinación con el Ejecutivo estará a cargo de José Ignacio Llorá, subdirector de Racionalización y Función Pública de la Dirección de Presupuestos, quien ejercerá como secretario ejecutivo. Durante su funcionamiento, la instancia podrá recibir planteamientos provenientes de organismos y actores vinculados al debate sobre el empleo estatal.

Entre las organizaciones que prepararon propuestas se encuentra la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). Su presidenta, Susana Jiménez, sostuvo que contar con un Estado eficiente y confiable es relevante tanto para el bienestar de la población como para el desarrollo de la actividad económica, lo que, a su juicio, requiere modificaciones en la contratación, evaluación, remuneración, promoción y desvinculación de los trabajadores públicos.

El planteamiento de la CPC se sustenta en documentos previamente elaborados por la organización empresarial y en un trabajo desarrollado junto con el Centro de Estudios Públicos y el Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

El diagnóstico empresarial analiza la trayectoria laboral de los funcionarios desde su incorporación al Estado hasta su salida. En materia de ingreso, identifica diferencias entre los distintos regímenes de contratación, una baja utilización de concursos abiertos fuera del Sistema de Alta Dirección Pública, dificultades para atraer profesionales calificados y deficiencias en la planificación de las dotaciones.

Respecto del desarrollo de carrera, la CPC observa oportunidades de promoción limitadas o discrecionales, mecanismos de evaluación de desempeño que considera poco efectivos, programas de capacitación insuficientemente relacionados con las necesidades estratégicas de los organismos y escasa movilidad de trabajadores entre los distintos servicios públicos.

En cuanto al término de la relación laboral, el diagnóstico menciona la estabilidad de los funcionarios de planta y la extensión de criterios de permanencia a trabajadores a contrata mediante decisiones jurisprudenciales. También identifica precariedad entre quienes trabajan a honorarios, falta de mecanismos sistemáticos de egreso y procesos de desvinculación asociados a cambios políticos que posteriormente pueden terminar judicializados.

Una de las principales propuestas consiste en dividir el actual régimen a contrata, que representa cerca del 55% de la dotación del Gobierno central, en dos categorías. La primera correspondería a trabajadores de carrera, cuyo sistema tendría características similares al establecido por el Código del Trabajo.

Para esos funcionarios, la CPC propone concursos públicos abiertos y competitivos, un período inicial con contrato a plazo fijo y una evaluación antes de acceder a una relación laboral indefinida después de cinco años. Asimismo, plantea establecer causales objetivas y fundamentadas de desvinculación, entre ellas un desempeño deficiente reiterado, además del acceso al seguro de cesantía.

La segunda categoría estaría compuesta por funcionarios de confianza política. En estos casos, el ingreso sería directo, las remuneraciones estarían relacionadas con el nivel de responsabilidad y la permanencia dependería del período de la autoridad que efectuó el nombramiento. Al finalizar sus funciones no existiría derecho a indemnización y el número de estos cargos sería limitado y determinado anualmente mediante la Ley de Presupuestos.

La CPC también plantea fortalecer el Servicio Civil para que desempeñe un papel equivalente al de una división central de recursos humanos del Estado, establecer concursos para las promociones y facilitar la movilidad horizontal de funcionarios entre diferentes servicios públicos.

Otra de las medidas propuestas es extinguir gradualmente los cargos de planta, que representan cerca del 22% del empleo del Gobierno central, a medida que estos puestos queden vacantes. La organización empresarial plantea además agilizar los procedimientos disciplinarios cuando existan faltas graves a la probidad o delitos.

En materia de desempeño, la CPC propone modificar los actuales mecanismos de evaluación e incorporar criterios que permitan diferenciar los resultados obtenidos por los trabajadores. Entre las alternativas planteadas figura establecer el término automático de la relación laboral cuando un funcionario permanezca durante dos años consecutivos dentro del 5% con menor desempeño de su institución.

El documento también propone restringir las contrataciones a honorarios exclusivamente a trabajos ocasionales que no impliquen subordinación ni dependencia, junto con realizar estudios para determinar las dotaciones adecuadas de cada sector y mejorar la utilización de los recursos destinados a capacitación.

Entre las restantes medidas se encuentran aumentar la transparencia de la información sobre los recursos humanos del Estado, incluyendo a los municipios, y revisar las normas relacionadas con la negociación colectiva y la huelga de los funcionarios públicos.

Según la CPC, una reforma basada en estos lineamientos podría fortalecer el mérito y la competencia en el acceso al Estado, establecer procedimientos más objetivos para evaluar y promover a los funcionarios y diferenciar con mayor claridad a los equipos técnicos permanentes del personal vinculado a la confianza política.

Jiménez sostuvo que las propuestas buscan contribuir a la discusión sobre una eventual reforma del Estatuto Administrativo. La CPC plantea que una transformación de largo plazo debería combinar criterios de mérito y flexibilidad en la gestión con la protección de los derechos laborales, además de regularizar las modalidades de trabajo utilizadas dentro del Estado. (NP-ChatGPT-La Tercera)