Pasados algunos días desde la presentación de la reforma de seguridad, y luego de las reacciones, críticas y cambios que provocó, parece necesario tomar cierta distancia. No para prolongar la polémica ni para hacer un balance apresurado, sino para preguntarse qué revela este episodio sobre la manera en que estamos entendiendo la seguridad, la autoridad y los límites del poder.

El Gobierno decidió retirar la urgencia del proyecto y abrir un espacio para negociar modificaciones. Más allá de sus razones políticas inmediatas, esa decisión permite volver sobre el fondo de la cuestión.

Lo que se presentó como una definición estratégica —“tirar el tejo pasado”— pareció, más bien, una respuesta desproporcionada frente a un problema real. El estado de excepción es, por definición, un paréntesis en la vida democrática. Si se prolonga sin una justificación suficiente y reduciendo el papel del Congreso, corre el riesgo de normalizarse y contradecir su propia naturaleza.

A ello se suma que la forma en que se presentó inicialmente la lucha contra el crimen organizado, que puede reforzar la impresión de improvisación en torno a una de las promesas centrales del Gobierno, especialmente si se suponía que el marco aprobado por la administración anterior entregaba herramientas suficientes.

Cuando la excepción se vuelve cotidiana —como ha ocurrido durante largos períodos en La Araucanía— pierde precisamente su carácter excepcional. Y si cada problema grave termina trasladándose al plano constitucional, entonces la Constitución deja de ser un marco de estabilidad y empieza a convertirse en el lugar donde se intenta resolverlo todo.

Las críticas que ha suscitado la propuesta hacen difícil desatender esta prevención. No solo desde la oposición se ha cuestionado la concentración de facultades en el Ejecutivo y la duración del nuevo estado de excepción. También desde sectores oficialistas han surgido reparos respecto de su diseño y de la forma en que fue elaborado. Luciano Cruz-Coke llegó incluso a calificar la iniciativa como una propuesta que “raya en lo iliberal”.

Lo importante es que una agenda tan sensible como la de seguridad no puede quedar atrapada en la resistencia política que genera su diseño. En ese sentido, la decisión del Gobierno de retirar la urgencia y abrir una discusión más amplia constituye un cambio relevante. Conviene, sin embargo, que esta pausa no sea entendida solo como una estrategia para destrabar la tramitación.

Debiera servir para volver a una pregunta más elemental: ¿qué necesita realmente el Estado para enfrentar al crimen organizado? Si la respuesta está en mejores policías, inteligencia, coordinación institucional, persecución patrimonial, herramientas procesales y capacidad operativa, entonces no parece prudente convertir cada insuficiencia de gestión en un problema constitucional.

Hay, además, una consideración que no debiera perderse de vista. Nuestro debate democrático viene de un período en que la propia idea de democracia estuvo sometida a tensiones intensas. El primer proceso constitucional culminó en 2022 con un rechazo contundente de la propuesta sometida a plebiscito.

Para quienes fuimos críticos de ese texto, no es menor recordar que entonces se discutieron concepciones que considerábamos incompatibles con principios medulares de una sociedad libre, como la igualdad ante la ley, la libertad, la propiedad y la protección de la vida, entre otros.

Recordarlo no justifica los errores del presente ni relativiza las críticas que merece una propuesta de seguridad mal calibrada. Por el contrario, debiera hacernos más exigentes.

La defensa de la democracia no consiste solo en impedir que otros la amenacen. También exige comprender que incluso las mejores razones —seguridad, equidad o dignidad— pueden volverse problemáticas cuando, en su nombre, se debilitan los límites que hacen posible una sociedad libre. (Ex Ante)

Claudio Arqueros

Director de Formación

Fundación Jaime Guzmán