Los partidos políticos están contra el tiempo tratando de reinscribir a sus militantes, ya que el plazo para cumplir este trámite vence el 14 de abril. De acuerdo con la ley, tienen que “refichar” no menos de 500 militantes por cada región en que están inscritos, pero la meta total son algo más que 18.000 afiliados. Si fracasan serán declarados disueltos. En cualquier caso, los militantes que no se reinscriban quedan suspendidos en sus derechos.
Una norma que parece sensata en los tiempos que corren, cuando la desconfianza ciudadana en esas organizaciones es total y, además, han comenzado a recibir financiamiento público; lo mínimo es que depuren sus registros de militantes. Pero no es tan claro que sea sensata, porque al cabo se ha adoptado una regulación que pone en jaque la subsistencia de muchos de los partidos políticos que existen en el país. La simple duda de la veracidad de los registros no justifica hacerlos desaparecer, afectando el derecho de asociación de sus miembros y la existencia misma de los partidos. Habría bastado que se identificaran los problemas o inexactitudes (muchas involuntarias) que se han ido acumulando en el tiempo, y que se aprobaran normas para corregirlas, dentro de un plazo razonable y bajo apercibimiento de quedar inhabilitados para recibir fondos públicos mientras no lo hagan. Porque hay un dato indiscutible, corroborado por las últimas elecciones municipales: que la gente ha votado y sigue votando por los mismos partidos, lo que les confiere legitimidad democrática y ratifica que son el vehículo que canaliza las grandes corrientes de opinión.
En cambio, se dictó una norma inexorable que ha puesto en jaque la subsistencia de muchas de las tiendas actuales. ¿Alguien pensó en el riesgo, para la democracia y la institucionalidad, de que se caigan tres o cuatro de los partidos grandes? No hay quien no repita la frase que son fundamentales para la democracia, por lo que provocar un big bang partidario es algo bastante peligroso. Es el sueño de los que buscan un ambiente institucional de anarquía para refundarlo todo, de lo cual nada sensato puede salir.
Lo que sucedió fue, una vez más, que se aprobó una ley sin mayor análisis, bajo presión y sin pensar en las consecuencias. Paradojalmente, en este caso afectó a los que la aprobaron, pues la abrumadora mayoría está afiliado a un partido tradicional. Se legisló para darle en el gusto a la galería vociferante y a catones autodesignados. Se ha dicho que un año para completar el trámite era suficiente, ignorando las dificultades prácticas de movilizar a la gente, precisamente en tiempos de desafección, y que en ese mismo lapso los partidos tendrían que enfrentar elecciones municipales y comenzar a preparar las presidenciales, parlamentarias y de autoridades regionales; todo en época de incertidumbre política. Y que, además, los independientes estarán ejercitando su derecho de pedir firmas para sus candidaturas, que si bien no pueden incluir afiliados a partidos, los procesos se superponen en la práctica.
Otra vez, lo que faltó fueron líderes políticos firmes, que no se dejaran llevar por el ruido ambiente y que explicaran las cosas. (La Tercera)
Axel Buchheister
