En las próximas semanas el gobierno promulgará la nueva ley de educación superior y con ello la gratuidad dejará de ser materia de discusión en las glosas del presupuesto nacional, como lo ha sido en los últimos tres años. Además de un fondo de recursos fijos para financiar al 60% de los alumnos más vulnerables de 33 universidades y 13 planteles técnicos del país, la futura norma fijará una serie de nuevas reglas que desde ya tiene muy atribulados a un número importante de rectores.
Puntualmente, son dos las materias que generan preocupación en las casas de estudios y que se han definido como “los efectos colaterales de la gratuidad”. La primera tiene que ver con la duración del beneficio, ya que la nueva ley establece que el financiamiento se extenderá por la duración formal de la carrera, es decir, si el programa tiene una extensión de cinco años, la cobertura será solo por ese tiempo. ¿Cuál es el problema? Solo el 30% de los estudiantes se titula en ese plazo y sobre este punto, la ley establece que para aquellos alumnos beneficiarios de la gratuidad y que superen la duración formal, la institución solo podrá cobrarles la mitad del arancel y del valor de la matrícula, por lo que los planteles deberán absorber el 50% del costo.
Si bien el problema en el corto plazo no presentaría grandes pérdidas para las Ues., los rectores afirman que se transformaría en un verdadero drama en dos o tres años, debido al número de alumnos sin financiamiento que se iría acumulando. (La Tercera)
