Un ajuste presupuestario de $32.721 millones (unos US$ 36 millones) al Ministerio de Desarrollo Social y Familia fue establecido mediante un decreto firmado por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el pasado 24 de abril. La medida afecta directamente a diversos programas sociales prioritarios, especialmente en áreas vinculadas a infancia, juventud y pueblos indígenas.
La reducción de recursos impacta a múltiples servicios dependientes de la cartera, entre ellos el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que enfrenta el mayor recorte con más de $12.700 millones. También se ven afectados la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, el Instituto Nacional de la Juventud, la Subsecretaría de la Niñez, el Servicio Nacional de la Discapacidad y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, entre otros organismos del sistema de protección social.
Asimismo, el ajuste alcanza iniciativas emblemáticas como el Programa de Apoyo al Recién Nacido, conocido como “ajuar”, además de programas de acompañamiento familiar y políticas orientadas a sectores vulnerables.
CONTEXTO DE CONTROVERSIA
La medida se dio a conocer en medio de la polémica por una circular de la Dirección de Presupuestos que recomendaba “descontinuar” o reformular diversos programas estatales. Este contexto ha intensificado las preocupaciones sobre un posible ajuste fiscal más amplio en el gasto social, pese a que el Ejecutivo ha señalado que no se eliminarán beneficios esenciales.
REACCIÓN DE FUNCIONARIOS
Desde la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales cuestionaron duramente el decreto, señalando que implica un recorte inmediato en servicios fundamentales. La organización advirtió que la medida podría afectar la capacidad del Estado para cumplir sus funciones, impactando directamente en políticas públicas dirigidas a grupos prioritarios como niños, pueblos originarios y personas con discapacidad.
Además, el gremio planteó reparos sobre el mecanismo utilizado, indicando que la eliminación de financiamiento aprobado por ley mediante decreto podría generar tensiones jurídicas y políticas, particularmente en relación con las atribuciones del Congreso en materia presupuestaria.
En el plano político, la decisión ha sido interpretada como parte de una orientación fiscal que reduce el gasto social, lo que ha abierto un nuevo foco de debate sobre el equilibrio entre ajuste económico y protección de derechos sociales en el país. (NP-ChatGPT-La Tercera)