El plan de ajuste fiscal del Ministerio de Hacienda contempla recortes por hasta un 3% del presupuesto de cada cartera para 2026, con el objetivo de ahorrar US$3.000 millones. En el caso del Ministerio del Trabajo, la reducción alcanzó un 0,8% de su presupuesto total, equivalente a $141 mil millones.

El ministro (s) del Trabajo, Gustavo Rosende, explicó que el 92% de los recursos de la cartera corresponde al pago de pensiones, gasto definido por ley, por lo que el ajuste se concentra en el 8% restante del presupuesto.

La principal repartición afectada es el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que sufrirá una disminución de 45% en sus recursos para este año. Del total del recorte aplicado al Ministerio del Trabajo, el 88% recae en este servicio.

Entre los programas más impactados figuran el subsidio al empleo joven, con una reducción de $40 mil millones; el subsidio al empleo femenino, con $58 mil millones menos; y el programa de capacitación en oficios, que perderá $15 mil millones.

Rosende sostuvo que la medida busca focalizar los recursos en iniciativas con mayor impacto en la empleabilidad y aseguró que el Sence continuará operando, aunque con una revisión de sus instrumentos y programas para mejorar la eficiencia del gasto público.

La exdirectora del Sence, Romanina Morales, advirtió que el recorte podría afectar la implementación de la nueva ley que unifica los subsidios al empleo y cuyo reglamento debe publicarse a fines de junio. A su juicio, la reducción presupuestaria pone en riesgo la capacidad del país para enfrentar los desafíos de formación laboral y adaptación tecnológica.

La preocupación aumenta ante la propuesta del Gobierno de eliminar la franquicia tributaria para capacitación, medida incluida en la megarreforma y que, aunque fue rechazada en la Comisión de Hacienda, el Ejecutivo anunció que insistirá en su tramitación.

El economista Fidel Bennett señaló que la combinación de ambos cambios sería una mala noticia para el ecosistema de capacitación, ya que la franquicia permite financiar becas laborales, programas regionales y proyectos como Talento Digital para Chile.

En la misma línea, la abogada Ana Velásquez advirtió que la menor disponibilidad de recursos podría traducirse en una fuerte reducción de cursos y en un impacto directo para las empresas y organismos técnicos de capacitación.

El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, afirmó que los incentivos tributarios a la capacitación son necesarios para evitar que la inversión en formación laboral sea insuficiente, aunque reconoció que el sistema actual requiere reformas profundas. (NP-ChatGPT-La Tercera)