El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, ha explicado la reciente rebaja masiva de condenas a abusadores de niños afirmando que su decisión se ha ajustado a la ley y que responde a una práctica habitual de la Corte Suprema y del Gobierno anterior.

Más allá de que las afirmaciones del secretario de Estado sean verdaderas, lo cierto es que el beneficio penitenciario ha sido recibido por la ciudadanía con estupor y rechazo, pues, si hay un delito imperdonable, es el daño causado a los niños, respecto de quienes el propio Jesús, que dio su vida por el perdón de nuestros pecados, formuló una severa advertencia: «Lo que hacéis a uno de estos pequeños, a mí me lo hacéis».

Una decisión de esta naturaleza exigía, al menos, consultas al Presidente de la República, a asesores políticos y jurídicos o a dirigentes de los partidos aliados, que permitieran aplicar una dosis de sentido común ante una determinación que muy probablemente terminará provocando un cambio de gabinete.

Un abogado destacado y, además, cristiano, no debería olvidar que la crisis más grave de la Iglesia católica en los últimos cien años fue la multiplicación de denuncias de abusos sexuales contra menores cometidos por sacerdotes. Estos delitos no solo provocaron severas sanciones eclesiásticas y, en numerosos casos, condenas penales para sus responsables, sino también el alejamiento de millones de fieles que, desilusionados de sus pastores y de las autoridades que encubrieron esos abusos, dejaron de asistir a misa.

Es de esperar que el grave error político de Rabat no termine provocando también un alejamiento masivo de los simpatizantes del actual Gobierno.

Adso de Melk