La decisión del Gobierno de reabrir el sumario administrativo por las irregularidades detectadas en la entrega de pensiones de gracia a víctimas del estallido social generó diversas reacciones en el Congreso. Parlamentarios de oficialismo y oposición coincidieron en la necesidad de esclarecer eventuales responsabilidades, aunque expresaron distintas posturas respecto del alcance de la revisión y de las consecuencias que podría tener para los beneficiarios.

La reapertura de la investigación fue ordenada mediante una resolución firmada por el subsecretario del Interior y ministro subrogante, Máximo Pavez, luego de que la Contraloría General de la República determinara que el cierre del sumario realizado durante la administración anterior no se ajustó a derecho. La indagatoria busca establecer si funcionarios de la División de Acción Social incumplieron los procedimientos para otorgar las pensiones y si continúan desempeñando funciones en la administración pública.

Pavez explicó que el Ejecutivo está dando cumplimiento a la instrucción del organismo contralor y que el objetivo es determinar responsabilidades administrativas y aplicar las sanciones que correspondan en los casos donde existan antecedentes insuficientes para la concesión del beneficio. Añadió que, paralelamente, el Gobierno revisará las 348 pensiones de gracia que actualmente permanecen vigentes, luego de que originalmente se otorgaran 418.

Desde la oposición, la diputada Javiera Rodríguez, del Partido Republicano, valoró la reapertura del sumario y sostuvo que las irregularidades detectadas por la Contraloría justifican revisar la continuidad de estos beneficios y establecer responsabilidades de quienes participaron en su otorgamiento. En la misma línea, el diputado Jorge Alessandri, de la UDI, afirmó que la medida confirma la falta de rigurosidad en el proceso desarrollado durante la administración anterior y respaldó la realización de nuevas investigaciones administrativas.

La diputada Ximena Ossandón, de Renovación Nacional, señaló que el Gobierno debe esclarecer las responsabilidades identificadas por la Contraloría y determinar si corresponde revocar nuevos beneficios, mientras que el diputado Hans Maroski, del Partido Nacional Libertario, sostuvo que las pensiones de gracia respondieron a una decisión política que, a su juicio, favoreció a quienes participaron en hechos de violencia durante el estallido social.

Desde la Democracia Cristiana, el diputado Álvaro Ortiz manifestó que corresponde cumplir lo dispuesto por la Contraloría e investigar las eventuales responsabilidades de los funcionarios involucrados, evitando emitir conclusiones anticipadas antes de conocer el resultado del nuevo sumario.

En el oficialismo, la diputada Andrea Parra, del PPD, reconoció que existieron errores en algunos procesos de asignación y respaldó la reapertura de la investigación. No obstante, advirtió que la revisión no debe transformarse en un mecanismo para retirar beneficios a quienes sí cumplen con los requisitos establecidos para acceder a las pensiones de gracia.

La diputada Carolina Tello, del Frente Amplio, sostuvo que cualquier irregularidad debe ser investigada con transparencia, aunque llamó a evitar que el proceso sea utilizado para desacreditar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el estallido social. Por su parte, la diputada Lorena Pizarro, del Partido Comunista, criticó la decisión del Ejecutivo y acusó que la revisión busca criminalizar las manifestaciones sociales, cuestionando además el tratamiento que el Estado ha dado a otros casos vinculados a violaciones de derechos humanos. (NP-ChatGPT-Emol)