El Gobierno ingresó este martes a tramitación legislativa el proyecto de ley de reajuste para los trabajadores del sector público, tras alcanzar un acuerdo con la Mesa del Sector Público liderada por la CUT. La iniciativa propone un incremento salarial nominal del 3,4%, el cual se aplicará de forma parcelada: un 2,0% retroactivo al 1 de diciembre de 2025 y un 1,4% adicional a partir del 1 de junio de 2026. Además, se contempla un reajuste superior al 5% para las remuneraciones mínimas y bonos específicos para los sectores de menores ingresos, buscando equilibrar la justicia social con la responsabilidad fiscal.
CUESTIONAMIENTOS POR ESTABILIDAD LABORAL Y LA “NORMA DE AMARRE”
El punto más controvertido del documento de 167 páginas es la denominada “norma de amarre”, que busca restringir la discrecionalidad en los despidos de funcionarios a contrata. La propuesta establece que cualquier no renovación debe ser un acto fundado en criterios objetivos y otorga la posibilidad de reclamar ante la Contraloría General de la República. Mientras el Ejecutivo defiende la medida como una protección para los funcionarios de carrera, la oposición acusa un intento de asegurar la permanencia de personal de confianza política de la administración saliente antes del cambio de mando en marzo.
INCERTIDUMBRE FINANCIERA Y AMENAZAS EN EL CONGRESO
La tramitación se vislumbra compleja debido a las dudas sobre el financiamiento del proyecto, cuyo costo fiscal se estima en más de US$ 1.700 millones para el presente año. Parlamentarios de oposición han advertido que no aprobarán la iniciativa si no se garantiza que cuenta con recursos reales, acusando un posible desfinanciamiento en la Ley de Presupuesto 2026. Incluso, algunos sectores de la centroderecha han planteado recurrir al Tribunal Constitucional o impulsar una acusación constitucional si se insiste en las cláusulas que limitan las facultades del próximo Gobierno para reorganizar el aparato estatal. (NP-Gemini-Bio Bio)