La decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de 12,5% a parte de las exportaciones chilenas reactivó el debate sobre la transparencia en el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), luego de conocerse que dos entidades chilenas participaron en las audiencias de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), donde expusieron antecedentes sobre presuntas vulneraciones laborales en la industria salmonera y el sector agrícola nacional.

La participación de Fundación Libera y Ecoceanos generó cuestionamientos desde los gremios exportadores, que acusaron a ambas organizaciones de afectar la imagen internacional de Chile en medio del proceso de revisión comercial impulsado por Estados Unidos. La controversia derivó en un amplio debate político respecto del rol que cumplen las ONG en instancias internacionales, la influencia que pueden ejercer sobre decisiones que impactan la economía del país y la necesidad de conocer el origen de los recursos que financian sus actividades.

En este escenario, parlamentarios de distintos sectores retomaron la discusión de un proyecto de ley que busca fortalecer la transparencia de las organizaciones sin fines de lucro. La iniciativa, presentada en 2023, propone modificar la Ley N.º 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana y la Ley N.º 20.730 que regula el lobby, estableciendo obligaciones para que las ONG informen públicamente el origen de sus ingresos y las fuentes de financiamiento cuando desarrollen actividades de incidencia en políticas públicas.

El proyecto fue aprobado en general por la Cámara de Diputadas y Diputados durante 2023 y actualmente permanece en segundo trámite constitucional en la Comisión de Gobierno del Senado. La propuesta contempla la incorporación de estas organizaciones a un registro específico y exige la entrega de antecedentes sobre sus mecanismos de financiamiento, especialmente cuando soliciten audiencias mediante la Ley del Lobby. Sus impulsores sostienen que la medida busca fortalecer la probidad, prevenir conflictos de interés y aumentar la confianza pública en las organizaciones que participan activamente del debate nacional.

Desde el Partido Nacional Libertario, parlamentarios calificaron la actuación de Fundación Libera y Ecoceanos como un caso de “colonialismo regulatorio”, argumentando que recurrieron a organismos internacionales para promover cambios normativos que no han sido aprobados por el Congreso chileno. En ese contexto, insistieron en la necesidad de establecer mecanismos que obliguen a transparentar los aportes provenientes del extranjero hacia organizaciones sin fines de lucro y cuestionaron que ambas entidades no identifiquen de manera detallada a sus financistas.

Las críticas también fueron respaldadas por diputados de la Unión Demócrata Independiente, quienes anunciaron gestiones para determinar si ambas organizaciones reciben recursos públicos. Los legisladores señalaron que, de confirmarse dicha situación, resultaría contradictorio que fondos estatales sean utilizados por entidades que, a su juicio, perjudican sectores estratégicos para la economía nacional y afectan la posición del país en negociaciones comerciales internacionales.

El debate también encontró respaldo en sectores del oficialismo. El presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputadas y Diputados, Alejandro Bernales, del Partido Liberal, afirmó que durante los años de fiscalización de la industria salmonera no ha conocido antecedentes sobre trabajo forzoso como los expuestos ante la autoridad estadounidense. Por ello, llamó a las organizaciones involucradas a explicar los antecedentes presentados en las audiencias y a transparentar el origen y destino de los recursos con que financian sus actividades.

La discusión sobre la regulación del financiamiento de las ONG vuelve así a instalarse en el Congreso, en un contexto marcado por las tensiones comerciales con Estados Unidos y por las demandas de distintos sectores políticos para reforzar los estándares de transparencia y rendición de cuentas de las organizaciones que participan en el debate público y en instancias internacionales. (NP-ChatGPT-Emol)