El ministro de Justicia, Fernando Rabat, reveló durante una sesión especial de la Cámara de Diputadas y Diputados que el 1 de julio de 2025, bajo la administración del expresidente Gabriel Boric, se firmó un decreto que redujo en seis meses la condena de un hombre sentenciado por violación de una menor de edad.

El caso corresponde a Jorge Brayan Escobar Escobar, condenado en 2022 a tres años y un día de presidio por un delito cometido en marzo de 2018 en Puerto Montt, Región de Los Lagos.

De acuerdo con los antecedentes expuestos, el término original de la condena estaba previsto para el 25 de octubre de 2025. Sin embargo, tras solicitar una reducción de pena, el beneficio fue aprobado mediante un decreto dictado durante la gestión del entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo.

La rebaja de seis meses habría adelantado el cumplimiento de la condena al 25 de abril de 2025, aunque esa fecha presenta una inconsistencia con la firma del decreto, registrada el 1 de julio del mismo año. Los antecedentes proporcionados no permiten aclarar esa diferencia cronológica.

Según la información difundida, la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos de Los Lagos determinó que el condenado cumplía los requisitos establecidos para acceder al beneficio.

La decisión se habría sustentado en una interpretación de la jurisprudencia de la Corte Suprema, según la cual el Ministerio de Justicia debía formalizar las reducciones de condena cuando se verificaran las condiciones legales correspondientes.

Rabat expuso este antecedente en medio de los cuestionamientos a su propia gestión por la firma de decretos que beneficiaron a personas condenadas por delitos sexuales contra menores.

Con ello, buscó demostrar que las reducciones de penas también se habían concedido durante administraciones anteriores y que la controversia responde, en parte, a problemas de interpretación y aplicación de la normativa.

El caso reabrió el debate sobre la responsabilidad de los distintos gobiernos en la concesión de estos beneficios, así como sobre la necesidad de revisar los procedimientos administrativos y garantizar una mayor participación de las víctimas.

No obstante, la información entregada presenta otra imprecisión: atribuye al gobierno anterior los 56 decretos que han motivado la actual controversia, pese a que ese número corresponde a las decisiones cuestionadas durante la gestión de Rabat.

La discusión parlamentaria continúa centrada en determinar las responsabilidades políticas y administrativas, esclarecer el alcance de los fallos judiciales invocados para conceder las rebajas y establecer mecanismos que impidan nuevos beneficios cuando la legislación los prohíba. (NP-ChatGPT-Chile Trends-CNNChile)