La tramitación de la denominada Ley Miscelánea, considerada una de las principales apuestas económicas del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, sumó un nuevo foco de controversia tras surgir cuestionamientos al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por no haber consignado antecedentes familiares vinculados al sector inmobiliario en su Declaración de Intereses y Patrimonio.
Las críticas se originaron luego de que se conociera que el hermano del secretario de Estado es socio principal de una reconocida oficina de arquitectura con presencia en proyectos inmobiliarios y corporativos. El cuestionamiento apunta a que dicha información no fue incluida en el apartado destinado a informar potenciales conflictos de interés dentro de la declaración oficial presentada por la autoridad.
La situación adquiere relevancia debido a que el Ejecutivo impulsa actualmente una serie de medidas orientadas a reactivar la construcción y el mercado inmobiliario. Entre ellas figuran incentivos tributarios para viviendas nuevas, flexibilización de permisos y mecanismos destinados a acelerar el desarrollo de proyectos de inversión.
Desde organizaciones vinculadas a la transparencia y la probidad pública advirtieron que la discusión no necesariamente se relaciona con la existencia de una ilegalidad, sino con la obligación de transparentar situaciones que podrían generar dudas sobre la imparcialidad en la toma de decisiones. A juicio de especialistas, la sola percepción de un posible beneficio indirecto puede afectar la confianza ciudadana en las políticas públicas.
Representantes de entidades dedicadas a la promoción de estándares de transparencia señalaron que el apartado referido a potenciales conflictos de interés fue creado precisamente para abordar escenarios donde no existe una infracción legal evidente, pero sí circunstancias que podrían ser consideradas relevantes para la evaluación pública de las autoridades.
La controversia surge en momentos en que la Ley Miscelánea enfrenta un escenario complejo en el Senado, donde distintos sectores políticos han anticipado observaciones y eventuales modificaciones a varias de sus disposiciones. El Gobierno deberá negociar apoyos para asegurar la aprobación de una iniciativa considerada clave dentro de su estrategia de reactivación económica.
Hasta ahora, el Ministerio de Hacienda no ha entregado una respuesta pública sobre los cuestionamientos relacionados con la declaración patrimonial del ministro, mientras el debate sobre probidad y transparencia continúa instalándose en el marco de la discusión legislativa. (NP-ChatGPT-El Mostrador)