Estamos a días del quinto aniversario del “estallido-asonada” de octubre de 2019. Me paro en Bajos de Mena a mirar el paisaje. La destrucción sincronizada del metro, los saqueos, incendios y barricadas de entonces, pueden hasta parecer mejores tiempos. En este barrio ya no hay gobierno, tampoco centro de salud, ni protección a los niños. Eso desapareció. Vive en una pandemia de asesinatos. Impera la ley del más fuerte, armado para serlo y ufano de exhibir su poder: balaceras, funerales narcos, asaltos al Cesfam. El Estado, el gobierno, lucen como comentaristas, no como responsables de impedir lo que ocurre. Son ajenos a Bajos de Mena; su vida hace noticia por tropelías, escándalos, chats impresentables, sueldos exorbitantes, corrupción, chapucerías groseras en la fiscalización parlamentaria. Mundos amputados entre sí. Se presumen gobernantes, pero no gobiernan nada en la vida diaria de los habitantes de Bajos de Mena. Para estos, la palabra democracia va perdiendo sentido. Me pregunto si tanta parsimonia gobernante sería igual si la vida de los barrios y oficinas de esa “élite” fuera la de los habitantes de Bajos de Mena.
Mirar Chile desde este barrio permite apreciar mejor la destrucción que hemos experimentado desde octubre de 2019. Comenzó antes, pero desde entonces la destrucción se ha extendido. Inseguridad ciudadana, entronización del crimen organizado, inmigración ilegal descontrolada; hospitales desfinanciados, listas de espera en aumento y Cesfam bajo control de mafias armadas; educación donde la estrella es el CAE y no la educación preescolar y básica; economía estancada, inversión caída, empleo de lento crecimiento en base a informalidad y funcionarios; institucionalidad deteriorada.
Todos tenemos responsabilidad en esto. Pero no todas son iguales. Tiene una responsabilidad mayor esa izquierda que renegó de su obra concertacionista, que legitimó la violencia del estallido, que toleró una inmigración ilegal, que llamó a aprobar ese devastador proyecto de la Convención Constitucional, que minó el monopolio estatal del uso de la fuerza, que boicotea sistemáticamente proyectos de inversión.
Para peor, Bajos de Mena, a diferencia de otros, no tienen salida. En cambio, la inversión caerá en Chile, pero en el exterior supera los 150 billones de dólares. El crecimiento emigra. Cae la superficie forestal nacional, pero Arauco invierte US$ 4.600 millones en Brasil, donde conseguir los permisos le toma 14 meses contra 10 años en Chile. Autoridades nacionales pueden desautorizar a burócratas que paralizan un proyecto de desalinización y energía renovable en zona de escasez acuífera, pero el daño queda hecho, para ese caso y para todos los que miran invertir en Chile.
¡Infeliz quinto aniversario de uno de los períodos más destructivos vividos por Chile y en especial por sus humildes, como aquellos de Bajos de Mena!
Óscar Guillermo Garretón