El sistema de salud enfrenta una crisis sin precedente. El sector público no tiene capacidad de atender la creciente demanda que se expresa en listas de espera para cirugías, procedimientos y consultas de especialidad, con 40.000 fallecidos anuales mientras están en una de estas listas. El sector privado, financiado por las isapres, que resuelve una porción significativa de las necesidades de los beneficiarios de Fonasa, está amenazado también por la inviabilidad. Todo esto en el contexto de un gobierno que persigue la estatización de todo seguro y toda atención de salud y que parece dispuesto a soportar el vendaval político de una ciudadanía insatisfecha por la debilidad de la protección social.
La definición de que el alza del precio base isapres no puede superar el 2,6% (que debería ser sometida a un riguroso escrutinio porque probablemente es errónea) va en la línea de esta vocación.
El fallo de la Corte Suprema certifica la defunción de las aseguradoras privadas, que deben reponer US$ 1.400 millones como cuenta por pagar en sus balances. Ello es imposible, y el intento de diferir el pago vía cuenta de excedentes, como el fallo lo determina, a dos años, no cambia la esencia del déficit, a menos que las aseguradoras aporten este capital, en un horizonte cierto de inviabilidad del sistema. Algunas deberán activar los mecanismos de liquidación previstos en la ley: la Superintendencia de Salud asume el control como liquidador, impone un “corralito” temporal para que nadie emigre de la isapre, liquida sus activos y paga las deudas con beneficiarios, centros de atención y profesionales, con la certeza de que las garantías disponibles no alcanzan para satisfacer estos compromisos.
Es paradójico, porque si bien la cartera de las aseguradoras disminuirá, las que permanezcan se quedarán con la población más sana y de mayor cotización, mientras que quienes explicaban la función de seguridad social, confirmado en el fallo de la Tercera Sala, por enfermedades crónicas, cirugías pendientes o cáncer, serán entregados a Fonasa, que necesariamente deberá recibir un mayor aporte estatal.
La idea de agregar a la cobertura de Fonasa un seguro voluntario, de financiamiento por el afiliado, para que pueda cubrir parte de los copagos y mantener la libre elección, ciertamente es más oneroso que las estimaciones entregadas. Es además regresivo, y condiciona la calidad de salud a la capacidad de pago. La ley de cobertura de gastos catastróficos para beneficiarios públicos y la que crea un Plan Garantizado de Salud, y que ayudarían a resolver esta falencia, están detenidas en el Congreso, a pesar de su obvia urgencia.
¿Qué se podría hacer? En primer lugar, terminar con el tope de cotización de salud, hoy en UF 81,6 por mes. Es regresivo y permitiría allegar a isapres y Fonasa del orden de $500.000 millones al año. Erradicar el fraude de licencia médica, lo que permitiría agregar una cifra similar para destinarla solo a atenciones de salud. Fiscalizar, mediante el cruce de información con el SII, que la cotización de salud esté vinculada a la renta, en los casos de subcotización o no cotización. Aporte aproximado de $300.000 millones.
Una iniciativa que puede ser considerada es una contribución adicional de 2% de la renta para salud por parte del empleador, restándola del acuerdo de aumento del 6% para la reforma previsional. Tesis: la urgencia de prevenir enfermedades, y tratar adecuadamente las que ya se han diagnosticado, se traduce en un beneficio para la vejez de menores gastos en salud, que es uno de los componentes centrales del uso de las pensiones.
¿Qué hacer? Pensar, concordar y actuar. El Parlamento tiene la palabra. (El Mercurio)
Jaime Mañalich M.
