Con el inicio, semanas atrás, del trabajo de la Comisión Experta, recordé un relato tomado del “Primer Libro de los Reyes”, donde se dice que Dios concedió al rey Salomón, al momento de ser entronizado, la posibilidad de hacerle una petición. Se pensó que el joven rey pediría riquezas, fama o una exitosa vida. En cambio, pidió “un corazón dócil, para que sepa juzgar a su pueblo y distinguir entre el bien y el mal”. Con este relato, el Papa Benedicto XVI, en su discurso de apertura del Bundestag en 2011, recuerda aquello que debe ser importante para los políticos en su compromiso por la justicia y la paz.
Pues bien, nuestros comisionados tienen por delante una tarea compleja, escribir lo que será el anteproyecto de una nueva Constitución. En esta tarea deberán explorar en las bases del Derecho para determinar cuáles serán los principios básicos que reconocerá nuestra Ley Fundamental. Como dijo San Agustín, “quita el Derecho y, entonces, ¿qué distingue al Estado de una gran banda de bandidos?”.
Nosotros los chilenos sabemos qué sucede cuando el poder constituyente se aparta de las bases fundamentales del Derecho, y reaccionamos a ello. Por eso hemos iniciado un proceso muy diferente al anterior. Sin embargo, no podemos perder de vista que aún subsisten discusiones antropológicas que mantendrán ocupados a nuestros expertos. La pregunta fundamental será cómo resolver estas discusiones en una sociedad cada vez más polarizada.
Para muchos, la respuesta es mediante un anteproyecto de Constitución minimalista, donde se eludan las discusiones más complejas, regulando aquello que es “esencial” para un sistema político. Sin embargo, esta estrategia me parece equivocada. Hay materias que una Constitución no puede dejar de regular, y otras donde el criterio de la mayoría es insuficiente.
Por ejemplo, una Constitución no puede dejar de reconocer la dignidad de las personas como fuente de derechos fundamentales, y estos, como limitación al ejercicio de la soberanía. El problema es que desde el Iluminismo hasta la Declaración Universal de Derechos Humanos, pasando por las constituciones dictadas durante la segunda mitad del siglo XX y una serie de tratados internacionales, todo tenía una claridad que ahora no es tal. Si se hablaba que por la naturaleza y la razón podíamos conocer una serie de derechos inviolables e inalienables que emanan de la dignidad humana, hoy día es tal la diversidad de pensamiento que para muchos deconstruccionistas incluso las cosas son sujetos de derechos.
En este sentido, me parece que la tarea de los expertos será reconocer aquellos derechos civiles y políticos que son parte de nuestra tradición constitucional, por los cuales la humanidad ha luchado por años, y que aún siguen en riesgo, con algunas precisiones acordes a nuestros tiempos; y darles contenido jurídico a los derechos sociales, económicos y culturales necesarios para una vida digna, financiados con los recursos disponibles bajo criterios de responsabilidad fiscal y crecimiento, ordenando al legislador a su consecución de manera progresiva y no regresiva, con una adecuada focalización en las personas más necesitadas. No vaya a ser que caigamos en la tentación de recoger una explosión de derechos, sin su correlato en deberes constitucionales, que al final, como un frondoso bosque, nos impida ver el sol, desprotegiendo aquellos que son más esenciales para el desarrollo de las personas.
También, los expertos deberán revisar el sistema político y de justicia, y lidiar con la realidad de nuestro país. Conservar aquello que funciona, y distinguir aquello que nos ha estancado, que nos aleja del bien común y la paz social. Es una verdad conocida que no hemos podido consolidar nuestro sistema de gobierno. Durante los últimos años logramos una estabilidad política, que en septiembre pasado las personas volvieron a valorar, pero que, sin embargo, bajo una falsa promesa de mayor representatividad, estamos destruyendo. Lo cierto es que nuestro país es cada vez más ingobernable, y aquello proviene primordialmente de un sistema político fraccionado, donde existen una serie de coaliciones políticas que no logran entenderse. Aquello no se solucionará con buenas intenciones, se requiere urgentemente una redefinición de nuestro sistema electoral, pasando por una revisión de la relación que existe entre el Ejecutivo y los legisladores, así como también, las instituciones que sustentan el Estado de Derecho.
Así, como el rey Salomón, espero de los expertos que sean dóciles y sepan distinguir de buena fe lo que es bueno para el pueblo, incluso si es contrario a sus propias ideologías.
Rodrigo Díaz de Valdés
Profesor de Derecho Constitucional UC
