La modificación de Punta Peuco a un penal común se nos presenta como un símbolo de justicia e igualdad ante la ley. Pero una mirada al panorama penitenciario chileno revela que es un distractor disfrazado de política pública.
Al 31 de marzo de 2025, la población en régimen cerrado alcanzaba 59.649 personas, con una capacidad de solo 41.992 plazas: un 142% de ocupación. Esto evidencia una realidad que va mucho más allá de un penal: cárceles hacinadas, personal sobreexigido y condiciones indignas.
En este contexto, convertir Punta Peuco solo puede buscar réditos políticos, pues nada aporta si miles de personas viven en recintos que operan al 140-160% de capacidad y estamos hablando de una liberación de, apenas, 130 plazas.
Además, poco se ha dicho sobre los internos que se trasladarían ni cómo se asegurará la clasificación criminológica adecuada. Todo mientras la penetración del crimen organizado ya es una realidad instalada y las cárceles han sido cooptadas como centros de mando para delitos violentos.
Abordar esta crisis con decisiones simbólicas no solo es insuficiente: es irresponsable. Chile necesita una reforma penitenciaria seria, técnica y sostenible, que recupere el control estatal y priorice la seguridad pública, no maniobras de alto impacto mediático. (El Mercurio Cartas)
Bernardita Valdés
Abogada
