Aún no existe una conclusión definitiva sobre el origen del COVID-19: pudo haber pasado de un animal al ser humano o haberse escapado accidentalmente de un laboratorio de Wuhan. Pero hay una tercera posibilidad, bastante menos discutida: que haya formado parte de una investigación militar —o de doble uso— destinada a desarrollar un arma biológica contra Estados Unidos o Taiwán, y que se filtrara antes de que China dispusiera de vacunas, tratamientos y un plan operativo terminado.

Es solo una hipótesis, imposible de comprobar por ahora, pero su lógica estratégica no es descabellada. Taiwán tiene una alta densidad demográfica, mientras cuarteles, buques y centros de mando concentran personal en espacios reducidos. Un virus desconocido no necesitaría matar a miles de soldados: bastaría con obligarlos a aislarse y desordenar simultáneamente el sistema sanitario, el transporte y la administración pública. Si el Ejército Popular de Liberación estuviera vacunado de antemano, Beijing podría obtener una ventaja asimétrica a un costo mucho menor que el de una campaña de misiles.

RAND imaginó un escenario similar

No se trata de una ocurrencia propia de aficionados. En 2024, un estudio de RAND patrocinado por el Departamento de Defensa estadounidense planteó un escenario en el que un supuesto “SARS-CoV-3” se propaga por Asia y alcanza casi simultáneamente a varios buques de guerra norteamericanos. Con un grupo de portaaviones fuera de combate, China invade Taiwán. Sus tropas permanecen protegidas porque Beijing las había vacunado en secreto, bajo la apariencia de una dosis de refuerzo contra el COVID-19.

RAND advierte que un patógeno fabricado ofrece al agresor una ventaja inquietante: durante meses o años resulta difícil determinar su procedencia. Esa zona gris permite negar responsabilidades y debilitar al adversario antes del primer disparo. El principio se parece al de un ciberataque, solo que el blanco ya no es una red informática, sino el cuerpo humano.

En 2025, Robert Kadlec, ex alto funcionario sanitario estadounidense, también sostuvo que las Fuerzas Armadas chinas podrían haber investigado coronavirus y vacunas de protección antes de la pandemia. Kadlec no concluyó que el COVID-19 fuera un arma biológica, pero consideró que estas actividades bastaban para plantear dudas sobre el cumplimiento chino de la Convención sobre Armas Biológicas.

¿Por qué casi nadie quiso hablar?

Al comienzo de la pandemia se metieron en el mismo saco tres hipótesis distintas: un accidente de laboratorio, un programa de armas biológicas y una liberación deliberada. Quien se atreviera a discrepar corría el riesgo de ser calificado de conspiracionista, anticientífico o incluso racista. Muchos académicos temieron perder prestigio y financiamiento; los medios dependían de un reducido círculo de virólogos, y los columnistas sabían que podían terminar bloqueados en las redes sociales o rechazados por sus editores.

No hace falta imaginar una conspiración mundial. Fue más bien una forma de autocensura colectiva: como nadie hablaba, cada cual suponía que los demás descartaban esa posibilidad. Así, el debate público quedó reducido a dos alternativas —el salto natural desde un animal o un accidente durante una investigación convencional— mientras la tercera, la de un proyecto militar o de doble uso que se salió de madre, quedó fuera de la cancha.

¿Por qué Beijing insiste en tapar el asunto?

Beijing se ha negado a entregar registros completos de los primeros pacientes, antecedentes de laboratorio, bases de datos virales y fichas médicas de los investigadores. Todavía en 2025, la Organización Mundial de la Salud señaló que, debido a la falta de cooperación china, un accidente de laboratorio no podía confirmarse, pero tampoco descartarse.

Los motivos son evidentes. Si el origen fue natural, la censura inicial igualmente dejó al desnudo un sistema que silenció a los médicos y retrasó la alerta. Si hubo un accidente, aparecerían responsabilidades administrativas, políticas y eventualmente indemnizaciones internacionales. Y si existió alguna dimensión militar, podría tratarse de una vulneración de la Convención sobre Armas Biológicas, con consecuencias capaces de remecer la legitimidad del régimen. Para Beijing, la salida más conveniente ha sido dilatar, borrar rastros y apostar a que el tiempo termine echándole tierra al asunto.

El origen no borra la responsabilidad

Aunque algún día se comprobara que el COVID-19 tuvo un origen enteramente natural, el Partido Comunista chino seguiría siendo responsable de silenciar a quienes dieron la alarma, demorar la información y obstaculizar una investigación internacional independiente. Si provino de un accidente científico, su responsabilidad sería mayor. Y si estuvo relacionado con investigaciones militares, estaríamos ante uno de los desastres de bioseguridad estatal más graves de la historia.

Una hipótesis no debe confundirse con un hecho, pero tampoco corresponde clausurar una pregunta solo porque incomoda. La principal advertencia que dejó el COVID-19 es que la próxima guerra tal vez no comience con misiles cruzando el cielo. Podría empezar con pacientes que nadie logra explicar, una secuencia genética borrada y un gobierno autoritario repitiendo, contra viento y marea, que allí nunca ocurrió nada. (Red NP)

Andrés Liang

Analista en política internacional y relaciones Asia-Latinoamérica