La agencia de publicidad Rica Santiago, de propiedad del publicista Claudio Santis, interpuso una querella criminal este 4 de febrero de 2026 contra British American Tobacco (BAT Chile) ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago. La acción judicial denuncia los delitos de estafa y lavado de activos, acusando a la tabacalera de haber utilizado a la agencia para triangular pagos por más de $111 millones destinados a un supuesto activista que habría actuado como agente encubierto para influir en la legislación de vapeadores en el Congreso.
Según el relato del querellante, la relación comercial que comenzó en 2018 se vio alterada cuando ejecutivos de BAT, específicamente Julio Vandorsee, habrían condicionado la continuidad del contrato al pago mensual de honorarios a un tercero ajeno a la agencia: Ignacio Leiva Benítez.
- El Mecanismo: BAT habría obligado a Rica Santiago a descontar 60 UF mensuales de su propio fee (honorarios) para transferirlos a Leiva.
- Monto Total: Entre 2020 y 2024, los pagos acumulados ascendieron a $111.535.056, dinero que, según la agencia, BAT prometió reembolsar pero nunca lo hizo de forma íntegra.
- Ausencia de Respaldo: El receptor de los fondos, Ignacio Leiva, se habría negado sistemáticamente a emitir boletas de honorarios para respaldar dichos pagos ante el SII.
La parte más grave de la querella sostiene que Rica Santiago fue utilizada como una “pantalla” financiera para ocultar que la tabacalera financiaba al presidente de la ONG ASOVAPE (Asociación de Consumidores de Vapeadores de Chile).
- Doble Fachada: Leiva se presentaba ante la opinión pública y el Congreso como un “activista antitabaco”, ocultando su presunto vínculo remunerado con la gigante tabacalera.
- Influencia Legislativa: El objetivo habría sido influir en los parlamentarios de las comisiones de Salud para que la Ley Nº 21.642 (que regula los cigarrillos electrónicos) se ajustara a los intereses comerciales de BAT.
- Desvinculación tras el Objetivo: La querella destaca que, una vez aprobada la ley, BAT cesó los pagos a Leiva, lo que confirmaría que su labor era estrictamente de cabildeo encubierto y no de asesoría publicitaria para la agencia.
Esta denuncia abre una compleja arista sobre el cumplimiento de la Ley de Lobby en Chile y el uso de agencias de marketing para ocultar pagos a operadores políticos, poniendo en tela de juicio la transparencia del proceso legislativo de la reciente ley de vapeadores. (NP-Gemini-La Tercera)