Un proyecto de ley que busca crear un nuevo delito migratorio para sancionar los matrimonios y acuerdos de unión civil celebrados con el propósito de obtener beneficios migratorios fue ingresado al Senado. La iniciativa fue impulsada por los senadores Iván Flores, Arturo Squella, Paulina Núñez, Paulina Vodanovic y Daniella Astudillo, quienes además solicitaron el respaldo del Ejecutivo tras presentar la propuesta al director del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum.

La moción propone modificar la Ley de Migración y Extranjería incorporando un nuevo artículo que tipifica como delito la celebración de matrimonios o acuerdos de unión civil destinados a eludir la normativa migratoria para acceder de manera fraudulenta a permisos de residencia, la nacionalidad chilena u otros beneficios contemplados en la legislación.

Los autores del proyecto sostienen que el actual sistema de reunificación familiar y de acceso a la nacionalidad puede generar incentivos para la utilización de estos vínculos con fines exclusivamente migratorios. A su juicio, aunque exista consentimiento entre las partes para celebrar el matrimonio o el acuerdo de unión civil, el uso de estas figuras con ese objetivo constituye un fraude a la administración pública.

La iniciativa también advierte un incremento sostenido en las solicitudes de residencia temporal asociadas a acuerdos de unión civil. Según antecedentes del Servicio Nacional de Migraciones, durante 2024 se registraron 1.946 solicitudes presentadas por extranjeros en situación migratoria irregular, cifra que aumentó a 4.200 durante 2025. En lo que va de 2026 ya se contabilizan 2.268 solicitudes, mientras que entre 2022 y 2025 se otorgaron 7.324 residencias temporales mediante este mecanismo.

El proyecto también recoge antecedentes sobre la existencia de redes de intermediación que, a cambio de dinero, ofrecerían contactos con ciudadanos chilenos o residentes dispuestos a celebrar matrimonios o acuerdos de unión civil para facilitar la obtención de beneficios migratorios.

La propuesta establece penas de presidio menor en su grado medio y multas de entre 10 y 20 UTM para quienes celebren estos vínculos con personas extranjeras en situación migratoria irregular con el fin de obtener fraudulentamente permisos de residencia, nacionalidad u otros beneficios. En caso de reincidencia, las sanciones aumentarán a presidio menor en su grado medio a máximo y multas de entre 21 y 50 UTM.

Las mismas penas serán aplicables a los extranjeros en situación migratoria irregular que participen en estos acuerdos con fines fraudulentos. Además, el proyecto contempla sanciones más severas para quienes organicen, promuevan o intermedien estas uniones con fines de lucro, estableciendo penas de presidio mayor en su grado mínimo y multas que van desde 51 hasta 100 UTM.

Junto con las sanciones penales, la iniciativa dispone la revocación de toda residencia, nacionalidad o beneficio migratorio obtenido mediante este mecanismo, impidiendo además que los involucrados vuelvan a acceder a esos beneficios, incluso por una causal distinta. La medida también alcanzará a extranjeros con situación migratoria regular que participen lucrativamente en la organización o intermediación de estos vínculos.

Los patrocinadores del proyecto señalaron que la iniciativa busca cerrar un vacío legal que actualmente permitiría utilizar el matrimonio o el acuerdo de unión civil como herramienta para acceder a beneficios migratorios sin una intención real de constituir una vida en común, fortaleciendo así la integridad del sistema migratorio y los procedimientos de residencia y nacionalización. (NP-ChatGPT-Emol)