Un grupo transversal de parlamentarios, integrado por Marcela Riquelme, Héctor Ulloa, Cristóbal Urruticoechea y Johannes Kaiser, ingresó un proyecto de ley destinado a prevenir y castigar las denuncias falsas, con especial foco en causas de abuso sexual y violencia intrafamiliar. La iniciativa surge ante la preocupación por el uso «instrumental» de la justicia en conflictos de familia para obtener beneficios procesales.
El texto propone penas de presidio menor en su grado medio a máximo y multas de hasta 50 UTM para quienes realicen acusaciones mendaces. En situaciones donde la denuncia falsa provoque la separación injustificada de un menor de edad con uno de sus padres, las penas podrían incrementarse. Además, la ley permitiría a los afectados demandar reparaciones por daño moral y afectación a la honra, buscando compensar el impacto social de la denominada «cancelación».
TESTIMONIO DE CRISTIÁN CAMPOS Y APOYO A LA INICIATIVA
La presentación del proyecto contó con el respaldo del actor Cristián Campos, quien recientemente fue absuelto en una causa de abuso sexual. Campos relató las secuelas personales que enfrentan quienes son acusados injustamente, señalando que, a pesar de la absolución judicial, muchos terminan con sus carreras y vínculos familiares destruidos.
«La justicia en muchos casos absuelve, pero una vez absuelto te das cuenta de que no tienes carrera, no tienes familia, estás cancelado», afirmó el actor. Por su parte, el diputado Urruticoechea (PNL) enfatizó que el Estado no debe permitir que se utilice a menores de edad como herramientas de acusación falsa para romper vínculos parentales.
RESTABLECIMIENTO DE VÍNCULOS Y CAPACITACIÓN JUDICIAL
La iniciativa no solo busca castigar, sino también reparar de forma inmediata el daño familiar. El proyecto faculta a los tribunales de familia para:
Restituir regímenes de visita de forma inmediata si se detecta una denuncia sin fundamentos.
Implementar protocolos de detección en el Ministerio Público y el Poder Judicial para identificar denuncias instrumentales.
Capacitar a funcionarios para evitar el abuso del sistema judicial sin desincentivar las denuncias legítimas de víctimas reales. (NP-Gemini-Bio Bio)
