El proyecto minero NX Uno de Peine, avaluado en US$142 millones y vinculado al Grupo Errázuriz, quedó en el centro de una controversia política y ambiental luego de ser incorporado entre las iniciativas priorizadas por el Gobierno para acelerar inversiones. El caso adquirió mayor notoriedad debido a que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, había mantenido relaciones profesionales con el conglomerado antes de asumir en el Ejecutivo.

La iniciativa pretende producir unas 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio en el Salar de Atacama y mantiene una extensa historia dentro del sistema de evaluación ambiental. Desde su ingreso en 2009 recibió tres calificaciones desfavorables, correspondientes a 2012, 2017 y 2025, además de sucesivas reclamaciones y procedimientos judiciales.

El escenario cambió en mayo de 2026, cuando el Comité de Ministros acogió por unanimidad una reclamación de la empresa y revirtió el último rechazo, otorgando una calificación ambiental favorable. La resolución se produjo pese a observaciones formuladas por Sernageomin respecto de los posibles efectos de las sales de descarte y eventuales infiltraciones sobre las aguas.

El SEA consideró que algunas exigencias de Sernageomin excedían lo establecido previamente por la justicia ambiental y sostuvo que era altamente improbable que los líquidos alcanzaran el nivel freático. Sin embargo, la aprobación quedó condicionada a que la empresa entregue nuevos antecedentes técnicos antes de comenzar la construcción.

Esta situación es uno de los principales argumentos de la Comunidad Indígena Atacameña de Peine, que recurrió al Primer Tribunal Ambiental para intentar anular la autorización. La comunidad cuestiona que información relacionada con eventuales impactos hidrogeológicos haya quedado pendiente para una etapa posterior y sostiene que el Comité de Ministros habría sustituido criterios correspondientes al organismo técnico competente.

También existen reparos por la antigüedad de los antecedentes ambientales, debido a que la evaluación comenzó hace 17 años. Aunque posteriormente se actualizó la modelación hidrogeológica, la comunidad argumenta que otros componentes de la línea de base no fueron completamente renovados pese a los cambios experimentados por el Salar de Atacama.

En paralelo, el caso abrió un flanco político para Hacienda. En 2025, Quiroz & Asociados realizó para el Grupo Errázuriz un estudio relacionado con el acuerdo entre Codelco y SQM, en el que participaron Jorge Quiroz y Tomás Bunster. Posteriormente, ambos ingresaron al Gobierno y Bunster quedó vinculado al seguimiento de los proyectos priorizados para agilizar inversiones.

La controversia se concentra ahora en dos planos distintos: por una parte, determinar si existieron conflictos de interés o problemas de transparencia en la priorización gubernamental del proyecto y, por otra, resolver si la aprobación ambiental adoptada por el Comité de Ministros cumplió plenamente con la legislación y las exigencias técnicas correspondientes.

Será el Primer Tribunal Ambiental el encargado de pronunciarse sobre este último aspecto. La Comunidad de Peine solicita que se anule la resolución favorable y vuelva a regir el rechazo ambiental o, alternativamente, que el Comité de Ministros deba adoptar una nueva decisión considerando los cuestionamientos planteados. (NP-ChatGPT-Bio Bio)