En un trámite caracterizado por la ausencia de actos públicos, el Ejecutivo ingresó al Senado el proyecto de ley que establece el reconocimiento y reparación para las víctimas de la violencia en el contexto del conflicto territorial e intercultural en la zona sur del país. La iniciativa abarca las regiones de Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, y surge como respuesta a una de las propuestas centrales de la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
A diferencia de otros hitos legislativos de la actual administración, el proyecto no contó con ceremonias en La Moneda ni actividades en el Congreso, dándose cuenta de su ingreso de manera discreta durante la sesión de sala del pasado martes. El texto busca crear un marco institucional para la calificación de quienes han sufrido los efectos de la violencia rural en la Macrozona Sur.
OMISIÓN DE INDEMNIZACIONES GENERA CONTROVERSIA
El punto de mayor fricción radica en la discrepancia entre el informe final de la Comisión para la Paz y el Entendimiento y el articulado presentado por el Gobierno. Mientras que el organismo asesor —de carácter transversal— recomendó explícitamente la indemnización a las víctimas como un principio rector y un mecanismo de reparación material, el proyecto de ley omitió dicha figura.
Esta exclusión ha despertado críticas inmediatas, ya que la indemnización se consideraba una pieza clave para el cierre de heridas en los territorios afectados. La propuesta gubernamental se centra principalmente en el reconocimiento y otras formas de asistencia, pero al no incluir el componente compensatorio monetario directo contemplado en el anexo del informe original, se anticipa un complejo debate legislativo en el Senado.
PROYECTO «VERGONZOSO»
La presentación del proyecto de ley para la reparación de víctimas de violencia en el sur del país ha desatado una tormenta política en el Congreso. Parlamentarios de la oposición y representantes de las regiones afectadas calificaron la iniciativa de «irresponsable», «vergonzosa» y un mero «saludo a la bandera» por parte de la administración del Presidente Gabriel Boric a solo semanas de dejar el poder.
El eje de la controversia es la ausencia de indemnizaciones económicas directas en el articulado. Según los críticos, el proyecto se limita a un reconocimiento simbólico, destinando recursos principalmente a apoyo psicológico y social, lo que a juicio de los legisladores ignora la realidad de quienes han perdido tierras, maquinaria y viviendas.
VOCES CRÍTICAS: «LETRA CHICA» Y FALTA DE JUSTICIA
La reacción de los parlamentarios de la zona ha sido transversal en su dureza:
Miguel Ángel Becker (RN): El senador electo denunció una «letra chica inaceptable», señalando que el informe financiero no genera gasto fiscal relevante para compensar las pérdidas materiales. «Es un reconocimiento simbólico sin justicia real», afirmó.
Stephen Schubert (Republicano): Calificó de «absurdo» presentar una ley de indemnización que carece de fondos para indemnizar. «Es un ‘para que no digan que no lo presenté’ al filo del mandato», fustigó.
Vanessa Kaiser (PNL): La senadora electa fue más allá, criticando que el texto evite la palabra «terrorismo» y hable de «violencia rural». Además, acusó que el proyecto busca asegurar un «piso político» para desestabilizar al próximo gobierno mediante el reconocimiento de derechos colectivos.
Andrés Jouannet (Amarillos): Lamentó que la iniciativa llegue «tarde» a la región más pobre de Chile, asegurando que el abandono de los campos y la falta de inversión son consecuencias que el Gobierno no ha querido enfrentar con voluntad real.
EL CONTRASTE CON LAS PENSIONES DEL ESTALLIDO
Un punto recurrente en las críticas fue la comparación con las medidas adoptadas para otros contextos. El diputado Héctor Barría (DC) recordó que hubo indultos y pensiones para personas involucradas en actos de violencia durante el estallido social, cuestionando que hoy el Ejecutivo haga «oídos sordos» ante las víctimas de la violencia rural por lo que calificó como «gustitos ideológicos».
En la misma línea, el diputado Henry Leal (UDI) advirtió que la bancada no está disponible para apoyar un texto que no garantice una reparación efectiva y material, profundizando la incertidumbre sobre el futuro legislativo de la propuesta en el Senado. (NP-Gemini-Emol)
