En el marco del Día Mundial del Agua, una masiva movilización ambientalista se registró este domingo frente al Palacio de La Moneda y en diversas ciudades del país como Valparaíso y Concepción. Según cifras entregadas por Carabineros, la manifestación en Santiago congregó a ocho mil asistentes y culminó con siete personas detenidas por diversos delitos no especificados. Los manifestantes marcharon por la Alameda expresando su rechazo a proyectos mineros, energéticos y de infraestructura que, a su juicio, amenazan la biodiversidad y los recursos naturales.

El foco de la protesta se centró en la reciente decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirar 43 decretos ambientales que habían sido ingresados al cierre de la administración de Gabriel Boric. Organizaciones socioambientales advirtieron que esta medida busca facilitar inversiones de gran escala al reducir las regulaciones vigentes, lo que impactaría directamente en los territorios. Durante la jornada, los voceros de la movilización cuestionaron el modelo de desarrollo actual y exigieron un fortalecimiento de la normativa para proteger el patrimonio ecológico del país.

DEBATE POR PLANES DE CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN

La controversia escaló luego de que el Ejecutivo reingresara de manera selectiva solo algunos de los documentos retirados, como el decreto que aprueba el plan de conservación para la ranita de Darwin. Sin embargo, para los convocantes, este gesto resulta insuficiente frente al volumen de medidas que quedaron sin efecto. Los manifestantes insistieron en que el retiro masivo de decretos genera una desprotección jurídica que favorece la presión sobre ecosistemas críticos en un contexto de crisis hídrica global.

La movilización transcurrió mayoritariamente de forma pacífica, con agrupaciones de diversas regiones que llegaron a la capital para visibilizar sus demandas locales. Las organizaciones advirtieron que se mantendrán en estado de alerta frente a los próximos pasos del Ministerio del Medio Ambiente, señalando que la defensa del agua y la biodiversidad debe ser una prioridad de Estado por sobre los intereses económicos de corto plazo. La jornada cerró con un llamado a intensificar la fiscalización ciudadana sobre los nuevos proyectos de inversión que ingresen al sistema de evaluación. (NP-Gemini-Emol-Agencias)