Hasta la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados llegó esta tarde el titular de la materia, Mario Marcel, para entregar detalles del proyecto que dicta normas para asegurar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, una de las iniciativas del pacto fiscal que quiere sacar adelante el Gobierno.
En la instancia, el jefe de la billetera fiscal sostuvo que – en base a la brecha de cumplimiento tributario en Chile- utilizando información de cuentas nacionales, «el Servicio de Impuestos Internos (SII) estima una brecha de cumplimiento tributario de 6,5% del PIB, la que equivale a 1,8% del PIB en el caso del Impuesto al Valor Agregado (IVA) (18% de incumplimiento) y 4,7% del PIB en el caso del Impuesto de Primera Categoría (51% de incumplimiento)». «Si la tasa de incumplimiento llegara a los niveles de Bélgica o Eslovaquia, se recaudaría 1,8% del PIB adicional», agregó Marcel.
En concreto, según profundizó el secretario de Estado, son siete los ejes del proyecto; Modernización de la administración tributaria y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), control de la informalidad, delitos tributarios, planificación tributaria agresiva, nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente, regularización de obligaciones tributarias y fortalecimiento de organismos fiscalizadores y resguardo de la probidad.
Con todo, durante la instancia subrayó que «el tema de la evasión y elusión hoy día son una preocupación global». En ese sentido, aseveró que el tema de la planificación tributaria agresiva «no es una excentricidad ni una cuestión ideológica de nuestro país, sino que es un tema que está crecientemente presente en el diálogo sobre temas económicos a nivel internacional».
SECRETO BANCARIO
Respecto al levantamiento del secreto bancario -uno de los puntos de mayor controversia con la oposición- el titular de Hacienda ejemplificó con la situación de los siguientes países; Alemania, Austria, España, Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda.
«Vemos que por ejemplo en Australia, en España, en Francia y en Nueva Zelandia, no existe un procedimiento específico para acceder a la información, es automático, es decir, la administración tributaria tiene la facultad para acceder a la información bancaria de los contribuyentes sin ninguna condición, permiso o procedimiento especial», comenzó diciendo.
Y luego complementó con que eso también ocurre en Estados Unidos. «En ese país, el IRS (Internal Revenue Service) puede acceder a la información bancaria de un contribuyente sin necesidad de pedirle permiso a nadie, es parte de sus facultades», acotó.
Asimismo, ejemplificó con el caso de Alemania donde funciona con un requerimiento que «hace el servicio de impuestos internos solo al banco cuando estima que la cooperación del contribuyente fue insuficiente o cuando estima que solicitarle información directamente al contribuyente no producirá el resultado esperado», agregó.
O sea, dijo, «en ninguno de estos casos, que son países desarrollados, países con economías de mercado, países en los cuales hay una valoración particularmente relevante de la privacidad de las personas. En todos estos países, Alemania, Australia, España, Estados Unidos, Francia, Nueva Zelanda, el secreto bancario no existe para la administración tributaria, para todos los efectos prácticos».
«Lo que estamos proponiendo en este proyecto, en realidad es bastante más moderado que eso, simplemente es un cambio del procedimiento que actualmente existe», agregó.
FACULTADES DEL SII
Otro de los puntos que abordó Marcel, tiene relación con la aplicación administrativa de la norma antielusión por parte del SII, una medida que genera especial debate y que busca que la norma antielusión quede en manos del Servicio de Impuestos Internos (SII) y no en los Tribunales Tributarios.
En concreto, la propuesta de Hacienda traslada a sede administrativa la iniciativa para abrir un caso de norma antielusión y establece la obligatoriedad de que el SII consulte a una comisión técnica de siete integrantes que emita una opinión -no vinculante- sobre esa conducta y la acción que realizará el Servicio, aunque aquello no sería vinculante.
En esta oportunidad, el jefe de la cartera de Hacienda reiteró que «la manera en que operan las normas antielusión en el mundo son generalmente a través de la declaración directa por parte de la administración tributaria, o sea, sede administrativa, o una declaración administrativa junto con un comité asesor interno o externo».
En ese sentido, sostuvo que «solamente hay dos casos, Chile y Suiza (…) en que la declaración de la elusión es judicial. Uno es Chile, el otro es Suiza, y Suiza está aquí porque no tiene una norma antielusión propiamente tal».
Con todo, el secretario de Estado subrayó que la propuesta se realizó en base de la experiencia de países como Reino Unido, Australia, India, Francia, «donde la hipótesis de una conducta de una planificación tributaria agresiva se lleva a un comité externo independiente que la califica, y sobre la base de esa calificación el peso de la prueba recae en el propio servicio o en el contribuyente».
DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE
El titular de Hacienda, además, detalló las nuevas facultades a la defensoría del contribuyente, incorporando dentro de sus funciones el realizar actuaciones ante Aduanas y el Servicio de Tesorerías.
Asimismo, se permitiría el acceso a información sujeta a secreto tributario para un mejor ejercicio de sus funciones. También, se permitiría la representación judicial en procedimientos de vulneración de derechos y se regularía correctamente el procedimiento de mediación ante el SII.
Por último, se incluiría la facultad de realizar acompañamiento a contribuyentes para prevenir incumplimientos involuntarios. «Se están ampliando las facultades de la defensoría del contribuyente. Actualmente, si esto está referido solo a la defensa en caso o procedimiento específico, en este caso se amplían las funciones para que ésta pueda asumir la responsabilidad por la educación y la información de los contribuyente», cerró Marcel.(Emol)
