Las iniciativas impulsadas por el Partido Nacional Libertario para beneficiar a exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden procesados o condenados por hechos ocurridos durante el estallido social reabrieron las diferencias al interior de los partidos que respaldan al Gobierno y trasladaron el debate político hasta el Palacio de La Moneda.

Actualmente existen dos propuestas en desarrollo. La primera corresponde a un proyecto de ley presentado por un grupo de senadores que plantea conceder una amnistía a personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones y las Fuerzas Armadas involucrado en causas judiciales relacionadas con el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 11 de marzo de 2022. La segunda iniciativa busca que el Presidente José Antonio Kast otorgue indultos presidenciales a exuniformados condenados por hechos vinculados al estallido social.

Desde el Partido Nacional Libertario, su presidente Johannes Kaiser cuestionó que el Ejecutivo aún no haya concretado los indultos comprometidos durante la campaña presidencial y sostuvo que el Gobierno debe adoptar una definición sobre esta materia. La postura también ha sido respaldada por dirigentes del Partido Republicano, quienes han manifestado su expectativa de que el Ejecutivo avance en esa dirección.

En contraste, Chile Vamos ha optado por mantener una posición más cautelosa, mientras que el Gobierno ha evitado involucrarse directamente en el debate, debido a las diferencias existentes entre las colectividades oficialistas respecto de este tema.

El proyecto de amnistía ya fue ingresado al Senado y quedó radicado en la Comisión de Constitución. Sin embargo, el presidente de esa instancia, el senador Pedro Araya, señaló que la iniciativa no será priorizada mientras el Ejecutivo no le otorgue urgencia legislativa, ya que la comisión mantiene una agenda centrada en proyectos relacionados con seguridad pública y reforma al sistema de justicia.

Desde la Comisión de Derechos Humanos del Senado también surgieron reparos. La senadora Fabiola Campillai manifestó su rechazo a la propuesta, argumentando que una amnistía de esas características sería incompatible con los compromisos internacionales asumidos por Chile en materia de derechos humanos.

La iniciativa contempla otorgar amnistía a funcionarios y exfuncionarios de las policías y de las Fuerzas Armadas que hayan sido investigados, formalizados, acusados o condenados por hechos ocurridos durante el cumplimiento de funciones de orden público o en estados de excepción. No obstante, excluye expresamente delitos sexuales, desaparición forzada, secuestro, ilícitos motivados por intereses personales, delitos contra la probidad administrativa y otros hechos que no guarden relación con funciones institucionales.

En paralelo, la senadora Vanessa Kaiser reiteró el llamado al Gobierno para que defina su postura frente a los indultos, recordando el compromiso formulado por el Presidente durante la campaña presidencial respecto de los uniformados involucrados en causas derivadas del estallido social. (NP-ChatGPT-La Tercera)